Se trata de Araitz Zubimendi, Eneko Auzpuru, Garikoitz Múgica y Oier Oa Pujol, que se encontraban en prisión incondicional provisional desde abril, julio, agosto y noviembre de 2005, respectivamente. Los magistrados acuerdan que estas cuatro personas queden en libertad tras depositar una fianza en metálico de 60.000 euros cada uno.

Los magistrados toman esta decisión a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que solicitó que se modificase la situación de estas cuatro personas el pasado 16 de marzo. El escrito del Ministerio Público contó con la conformidad de los abogados de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, procedía la puesta en libertad de estas cuatro personas por considerar que no es previsible que sean juzgadas antes de que venza el tiempo máximo de prisión provisional.

El Ministerio Público alegó que la sentencia que dictó en su día la Audiencia Nacional contra Jarrai-Haika-Segi está recurrida ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado.

24 CONDENADOS

Por su integración en la organización juvenil Jarrai-Haika- Segi, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó el 20 de junio de 2005 a 24 personas y absolvió a otras 9.

Dieciséis de los sentenciados fueron condenados a 3 años y seis meses de prisión como responsables de un delito de asociación ilícita, en su condición de directores o dirigentes.

Los otros ocho condenados fueron castigados con dos años y seis meses de cárcel como responsables de un delito de asociación ilícita, en su condición de miembros activos.

Además, en el fallo los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional disolvieron las organizaciones Jarrai, Haika y Segi.

Esta sentencia fue recurrida ante el Supremo. La fiscalía se ha opuesto a las alegaciones de los 24 condenados ante el Alto Tribunal y ha pedido que sólo se admitan los argumentos que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó contra el citado fallo.

Tanto para la Fiscalía como para la AVT, los acusados en este caso debieron haber sido condenados por integración en organización terrorista, y no por asociación ilícita.