Se trata de Juan José Petricorena, Peio Gálvez y Joseba Cincunegui, quienes tendrán que depositar la fianza fijada antes de las dos de la tarde del día 12 de septiembre, el próximo lunes. En caso contrario, estas tres personas ingresarán en prisión.

Hasta que depositen la fianza, deberán comparecer dos veces al día ante las dependencias de la Ertzaintza más cercanas a su domicilio.

Una vez depositada la fianza, estas tres personas deberán firmar todos los lunes de cada semana en las dependencias policiales más cercanas a su domicilio, no podrán abandonar España sin autorización judicial y deberán comunicar cualquier cambio de domicilio. El magistrado ha ordenado además que se les retiere el pasaporte.

La comparecencia de estas tres personas está relacionada con la querella que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó el pasado mes de mayo en la Audiencia Nacional contra la Junta Directiva del PCTV. Grande-Marlasca la admitió a trámite el pasado 12 de julio, en contra del criterio de la Fiscalía.

ETA-Batasuna

En el auto, notificado esta tarde, el magistrado señala que existen indicios de cómo los imputados, "pertenenciendo al entramado ETA-Batasuna, y siguiendo las directrices conformada en los zutabes, órgano de expresión de ETA, relativas a finalizar el ciclo de ilegalización de Batasuna, participaron en que ese papel debía ser jugado por el PCTV/EHAK".

El magistrado destaca en su resolución que, como jefe de prensa del PCTV, figuren primeramente Joseba Cincunegui e inmediatamente después Peio Xabier Gálvez, "ambos miembros de Batasuna, sustitución lógica toda vez que el primero era suficientemente conocido en tal condición".

Además, señala que Peio Xabier Gálvez formaba parte del área de comunicación de Batasuna hasta abril de 2005 y mantuvo "plurales contactos en tal sentido y relativos a la actividad de la ilegalizada Batasuna con Juan José Petricorena".

INDICACIONES EXPRESAS

El auto hace referencia a unas comunicaciones intervendidas entre Petricorena y Gálvez donde el primero, como responsable de comunicación de Batasuna, impartía "indicaciones expresas" de cómo debía actuar la portavoz del PCTV en plenos tan importantes como el de constitución de la Mesa del parlamento Vasco y el de investidura del lehendakari, interviniendo igualmente en el filtro de sus relaciones con la prensa y el contenido de sus comparecencias.

Para el juez Grande-Marlaska, "el EHAK ha sido utilizado por el entramado ETA-Batasuna con el fin de soslayar o poner fin al denominado ciclo de ilegalización, dirigiendo y financiando, no sólo la campaña electoral, sino igualmente estableciendo las directrices políticas en el desarrollo de la actividad parlamentaria materializada por el EHAK".

Según el auto, hasta su ilegalización por el Tribunal Supremo, Herri Batasuna-Euskal Herritarrok-Batasuna "ha representado un frente político institucional diseñado por ETA".

Pese a su ilegalización, añade el magistrado, HB-EH- Batasuna, "dicho complejo integrado en el entramado terrorista ha promovido en distintos procesos electorales la conformación de agrupaciones electorales con el fin de soslayar dicha ilegalización".

Además, considera que, una vez celebradas las elecciones autonómicas vascas, los discursos del PCTV (EHAK en sus siglas en euskera) "bien fueron preparados en su integridad, bien autorizados por Batasuna".

"Buena prueba de lo cual es de destacar el contenido de los plurales mensajes sms intervenidos entre Juan José Petricorena Eunda y Peio Xabier Gálvez, destacando cómo incluso se controlaban y consentían por Batasuna las comparecencias de los cargos electos del PCTV", dice el auto.

Para el magistrado, "la campaña electoral de EHAK/PCTV ha sido diseñada, dirigida y financiada por el entramado del MLNV, no constando medios algunos por parte de la primera".

CUATRO HORAS

La comparecencia de Petricorena, Gálvez y Cincunegui ante el juez Fernando Grande-Marlasca se prolongó algo más de cuatro horas.

Estos tres imputados se negaron a responder a ninguna de las preguntas que les formularon, alegando que no podían hacerlo porque desconocían el contenido del sumario, que se encuentra bajo secreto. Sin embargo, negaron cualquier relación con ETA.

Tras la comparecencia, el abogado de la AVT, Emilio Murcia, solicitó la prisión imcodicional para estos tres imputados, mientras que el fiscal, Jesús Alonso, pidió otras medidas cautelares, como la comparecencia semanal en el Juzgado, retirada de pasaportes, obligación de fijar un domicilio y un teléfono donde estar localizables.

La Fiscalía ha solicitado estas medidas, según las mismas fuentes, porque, aunque no ve un delito concreto, sí ha observado elementos que considera que hay que investigar.