En la rueda de prensa posterior ala reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE, López Aguilar juzgó "improbable" que los 1.443 indultos decretados por el Consejo de Ministros obedezcan realmente a expedientes individualizados, como manda la ley.

Además, consideró "fuera de lugar" los argumentos esgrimidos por el Gobierno para justificarlos. Estas alegaciones, dijo, "aparentan dar encubrimiento a un indulto políticamente relevante".

De forma general, el dirigente socialista aseguró que la retahíla de decretos de indulto dictados pr el Ejecutivo esconden "un abuso de poder, un fraude constitucional, y un atentado contra el Estado de derecho" consagrado en una Carta Magna "con la que el señor Aznar se llena la boca un día sí y otro también".

Sobre el caso concreto de Gómez de Liaño, López Aguilar recordó que el indulto es la remisión parcial de las penas que no se hayan extinguido, algo que no ocurre en este caso, ya que la condena que le privó de su condición de juez se ejecutó en el mismo momento de dictarse.

Además, recodó que el establecimiento de los límites de aplicación del indulto corresponde al tribunal sentenciador, no al Gobierno que decreta el indulto.

Así, afirmó que el Consejo de Ministros podía indultar a Gómez de Liaño de la inhabilitación que le hubiera impedido reincorporarse a la carrera judicial en los próximos quince años, siempre que cumpla los requisitos legales y reglamentarios para esa reincoporación.

Sin embargo, agregó, el Gobierno "no puede revocar la sentencia, no puede decir que el delto no existió, que los antecedentes penales hayan sido cancelados, y no puede ordenar al Poder Judicial que le incorpore al escalafón o imponerle limitaciones".

Esto sería, dijo, como si a un militar que comete el mayor delito posible, el golpe de Estado, se le restituyera el mando en tropa.

PIDEN TODOS LOS EXPEDIENTES

Por todos estos motivos, López Aguilar anunció el despliegue de una ofensiva parlamentaria para solicitar al Gobierno los expedientes de todos estos indultos y para que comparezcn en el Congreso el ministro de Justicia, Angel Acebes, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado.

También solicitarán que el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, explique las declaraciones de su subordinado Eduardo Fungairiño, en las que "ha dado a entender" que el Gobierno restablece con este indulto una legalidad conculcada por el Supremo.

"Lo cual", apuntó el dirigente socialista, "valida la disparatada tesis de que el Gobierno se autoerige en Tribuanl Supreo y un decreto de indulto equivale a una sentencia de supercasación, contradicción absoluta con la Constitución".

López Aguilar precisó que esta ofensiva "nada tiene que ver con el señor Liaño", sino con las responsabilidades políticas que, a juicio de los socialistas, recaen en el Ejecutivo por haber dictado ese indulto en esas circunstancias.

Como crítica generalizada a la actitud del Ejecutivo, el dirigente socialista juzgó "sumamente irresponsable que quien en su momento quiso cabalgar hacia a Moncloa sobre la imagen de la superación de una segunda transición nos esté devolviendo a la primera, como si el ciclo constitucional no estuviera concluido".

Salió además al paso de algunas comparaciones "desafortunadas" entre el indulto a Gómez de Liaño y a los condenados por el "caso Filesa", y advirtió de que "no es lo mismo" indultar penas privativas de libertad aún no extinguidas, y restituir su condición de funcionario a quien la ha perdido por sentencia judicial.

En este punto, aprovech para preguntarse si esta comparación supone reconocer que el Gobierno "indulta a Liaño por haber prestado servicios al PP desde su posición de juez".