Según confirmó él mismo a Servimedia, la petición se basará en el indulto que le concedió el Gobierno el 1 de diciembre del año 2000 y que desembocó en un conflicto entre el Tribunal Suprem y el equipo de José María Aznar.

El litigio comenzó cuando el pleno jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal decidió rechazar el requerimiento del Ministerio de Justicia para reingresar en la carrera judicial a Javier Gómez de Liaño, tal y como dictaba el indulto que le otorgó el Gabinete de José María Aznar.

Tras la concesión del indulto, los magistrados del Supremo encargados del "caso Liaño" dieron por cumplida la pena de quince años de inhabilitación, pero se negaron a reingrearle en la carrera judicial de manera inmediata, por considerar que al Gobierno no le compete tomar esta decisión. El Ejecutivo respondió iniciando el contencioso que ahora ha resuelto el Tribunal de Conflictos.

Cuatro meses después, el Tribunal de Conflictos puso fin al litigio, dando la razón al equipo de José María Aznar y afirmando que "la competencia para la determinación del alcance del indulto en cuanto a la pena ejecutada corresponde al Gobierno", mientras que "las cuestiones relativas al reinegro de Gómez de Liaño en la carrera judicial competen al Consejo General del Poder Judicial".

Es decir, que el Gobierno tiene competencias para conceder un indulto como el que otorgó en su día a Gómez de Liaño, reintegrándole en la carrera judicial, aunque con la prohibición de ejercer en la Audiencia Nacional por un periodo de 25 años. No obstante, deberá ser el Consejo General del Poder Judicial cuándo se producirá la vuelta del mencionado juez.

El artículo 380 de la Ley Orgánica del Poder Judcial establece que "quienes hubieren perdido la condición de juez o magistrado [...] podrán solicitar al CGPJ su rehabilitación, una vez obtenida la establecida en el Código Penal", según el cual la cancelación de los antecedentes penales se produce al cabo de cinco años para los casos de delitos graves, como es el caso de Gómez de Liaño.