Comas, en declaraciones a Servimedia, destacó el hecho de que este ataque lo protagonice el Tribunal de Conflictos, "un órgano no jurisdiccional y de dudosa constitucionalidad", puesto que no está recogido en la Carta Magna.

La portavoz de JpD añadió que la resolución es un "dislate jurídico" y contraria a lo que establece la propia ley de indulto, que otorga al tribunal sentenciador la ompetencia para ejecutar los indultos concedidos por el Gobierno.

Por último, este colectivo de jueces espera que el Consejo General del Poder Judicial no decida el reingreso de Liaño en la carrera judicial hasta dentro de cinco años, puesto que será entonces cuando se cancelen sus antecedentes penales.

Esto es así, según JpD, porque un indulto "perdona la pena, pero no deshace el delito ni cancela los antecedentes penales".