En declaraciones a Antena 3 TV, Cabanillas dijo que en tanto el Gobierno no reciba formalmente el documento acordado por el mencionado tribunal no se manifestará en relación a plantear un posible conflicto de competencias.

El portavoz gubernamental reiteró que el Ejecutivo "respeta las decisiones judiciales", pero apuntó que "es inuestionable que el derecho de gracia es una prerrogativa del Gobierno".

A este respecto, dijo que "si el Tribunal Supremo menoscaba la prerrogativa del Gobierno actuaremos, porque existen mecanismos suficientes para salvaguardar ésta".

En relación con la Ley de Extranjería, anunció que el Gobierno va a reforzar la Inspección de Trabajo "para evitar prácticas condenables por parte de los empresarios que contratan a inmigrantes ilegales", en alusión al caso de Lorca (Murcia).

Sobre este particlar, negó que lo ocurrido en la localidad murciana sea consecuencia de la reciente reforma de la Ley de Extranjería, entre otras razones, dijo, porque ésta entrará en vigor el próximo día 23.

En este sentido, concluyó que lo que la reforma persigue es "garantizar una vida digna a los inmigrantes", disuadiendo la inmigración ilegal y evitando las mafias, por lo que "hay que regular los flujos de inmigración".