Rodríguez Menéndez informó a Servimedia de que la gravedad de la condena hace improcedente esta suspensión, que el propio condenado solicitó al presentar su recurso.

Según este letrado, el Constitucional está fijando los cinco años de condena como límite máximo para acceder a la suspensión, algo que rebasa ampliamente Liaño con sus 15 años de inhabilitación.

El Alto Tribunal dio ayer a las partes del"caso Sogecable", que juzgó el Tribunal Supremo en 1999, un plazo de tres días para que se pronuncien sobre la conveniencia de suspender la condena hasta que se resuelva el recurso.

Además de la acusación popular, deberán pronunciarse al respecto el fiscal del Supremo que actuó en la causa, así como la representación legal de Sogecable, que intervino como acusación particular.