LA LEYELECTRICA PERMITIRA AL GOBIERNO INTERVENIR EMPRESAS DEL SECTOR CUANDO NO ALCANCEN LOS NIVELES DE CALIDAD Y SOLVENCIA
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La proyecto de Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico que el Ministerio de Industria prevé enviar al Consejo de Ministros del próximo viernes establece un sistema de control estatal sobre la calidad del servicio y la solvencia de las empresas del sector mucho más duro que el actual, hasta el punto de que el Estado podría intervenir una compañía si la mala gstión de esta pusiera en peligro el abastecimiento que tiene encomendado.
El articulado de la ley, al que tuvo acceso Servimedia, permitirá una retribución para cada compañía por el servicio público de producción, distribución y comercialización que presten, pero dejará en manos del Gobierno la posibilidad de rebajar esa cantidad de dinero, recaudada a través de las tarifas, si la Administración considera que no se está cumpliendo las condiciones pactadas.
Asimismo, el Estado no se hace responsabe de los impagos que puedan producirse entre los diferentes operadores del sector, ya sean productores, distribuidores o comercialidores de energía, y hace que sean las mismas empresas las que deben cubrise unas a otras sus propios incumplimientos en la liquidación de energía. Esta misma fórmula regirá para los impagos de facturas de los consumidores.
Sin embargo, la medida más dura recogida en el proyecto de ley está en su disposición adicional primera, que deja a la libre decisión del Gobierno la poibilidad de intervenir a las empresas eléctricas cuando su situación ponga en peligro la continuidad y seguridad del suministro, como sería una suspensión de pagos, alteraciones en la actividad normal o inadecuado mantenimiento de las instalaciones.
¡OJO CON LOS CORTES!
Lo que no podrán hacer las compañías es decidir arbitrariamente el corte del suministro a un cliente por impago de las facturas y otras razones, como ocurre ahora, sino que deberán contar con una autorización previa de la Administracón y nunca podrán afectar con estas medidas de fuerza mayor a Servicios Esenciales de la Comunidad.
Para velar por el cumplimiento de buena parte de estas condiciones de servicio, el Gobierno creará una Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, dependiente del Ministerio de Industra, que tendrá como finalidad la gestión del sistema integrado y el buen funcionamiento del mapa eléctrico nacional.
Las multas a las que puede dar lugar el incumplimiento de la nueva ley oscilan entre unos máximos de 5 mllones de pesetas para faltas leves, 50 millones para las graves y 100 millones para las muy graves, y todas ellas son acumulativas y reiterativas si el motivo que las origina se mantiene en el tiempo.
(SERVIMEDIA)
02 Mar 1993
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