Así se incluye en este texto legal, al que ha tenido acceso Servimedia, cuyo contenido fue explicado por la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno.

La norma, que ahora será enviada a los órganos consultivos, aborda conjuntamente la lucha contra todas las formas de trata de seres humanos y de explotación que constituyen la finalidad de la trata. Esto incluye el trabajo forzoso, la servidumbre, la esclavitud y diversas maneras de explotación.

A este respecto, en el artículo 177 bis del anteproyecto se explica quién puede ser acusado del delito de trata de seres humanos. Se contempla así una pena de cinco a ocho años de prisión a quien “empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad” capte o entregue a una persona para que sea explotada.

ROBO DE ÓRGANOS

Entre las conductas castigadas, el anteproyecto incluye “la imposición de esclavitud, de servidumbre o de trabajos o servicios forzados, incluyendo la mendicidad y la realización de actividades delictivas”.

También se perseguirá la “explotación sexual”, la “extracción” de órganos de personas, y la “celebración de matrimonios o uniones de hecho forzadas” por “cualquier rito”.

Además, se sancionará de forma especial cuando se ponga en peligro “la vida o la integridad física o psíquica de la víctima”; cuando “la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, discapacidad o situación personal, o sea menor de edad”; o cuando el afectado provenga de una guerra o una catástrofe humanitaria.

Un aspecto destacado de la ley, según incidió la propia Llop, es que la protección de las víctimas se llevará a cabo sin necesidad de que interpongan denuncia contra sus explotadores. No obstante, también se contempla que los poderes públicos incentiven que la víctima colabore para una persecución eficaz del delito a través de los mecanismos necesarios.

Además, el anteproyecto crea una Relatoría Nacional sobre Trata y Explotación de Seres Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, con rango de Dirección General, que supervisará todas las políticas públicas en materia de trata y explotación.