El texto remitido po el Congreso fue completado en la Cámara alta con cinco enmiendas del grupo socialista, mientras que fueron rechazadas las presentadas por los restantes grupos.

Entre las modificaciones introducidas cabe destacar una nueva redacción del artículo cuarto, que ahora dice: "La programación para el servicio por satélite deberá ser diferente en su contenido de la del resto de los servicios de televisión, salvo que se utilicen normas técnicas de emisión diferentes, que serán especificadas en los reglamentos écnicos y de prestación del servicio".

Asimismo, el Senado introdujo un artículo más en la ley, el sexto, que reza: "Todos los equipos necesarios para la recepción y el acceso a los servicos de televisión por satélite tendrán la consideración de equipo terminal de telecomunicaciones, y les será de aplicación lo dispuesto para estos equipos en la Ley 31/1987".

Según manifestó el portavoz del Grupo Socialista, el senador Gaspar Zarrías Arévalo, la ley será aprobada en el Congreso probablemente la póxima semana y, en todo caso, antes de que finalice el año.

Este proyecto de ley ha sido tramitado por el procedimiento de urgencia para poder entrar en vigor el próximo mes de enero, fecha en la que comenzará a funcionar el satélite español "Hispasat", lanzado el pasado 11 de septiembre desde la Guyana francesa.

El satélite dispondrá de un total de siete canales de difusión directa de televisión, de los cuales tres serán gestionados directamente por RTVE -dos para ser recibidos en la CE y uno fura de ella (países iberoamericanos)- y los otros cuatro mediante concesión gubernamental.

De estos últimos, tres tendrán ámbito comunitario y el restante, extracomunitario. En caso de que el canal con audiencia fuera de la CE no obtuviera candidatos para gestionarlo, la ley prevé la posibilidad de que el Gobierno lo adjudique directamente con objeto de garantizar la presencia cultural de nuestro país en el continente americano.

Una vez aprobada la ley, a principios de año el Gobierno publicará eldecreto que regule las concesiones de los canales de TV por satélite, a las que podrán concurrir empresas audiovisuales públicas o privadas, desde televisiones autonómicas hasta sociedades que actualmente explotan un canal comercial.