Según informó el responsable de Fomento, Rafael Arias Salgado, tras la reunión del Gabinete, esta decisión pretende zanjar la polémica cuestión de las cesiones del suelo, ajustandose a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 20 de marzo. Ese fallo reconoce a las comunidades autónomas la competencia última de fijar el porcentaje de suelo que los promotores deben ceder al ayuntamiento por a calificación de suelo urbanizable.

Salgado explicó que la sentencia reconoce también al Gobierno la posibilidad de fijar un tope máximo, "y eso es lo que hace el proyecto de ley". El ministro señaló como objetivo de esta medida y el resto de la regulación del suelo que propone, una fuerte reducción en el precio de la vivienda en España, mediante el aumento importante de la oferta de suelo.

Para ello, el Gobierno incluye en el proyecto de ley la obligación de que los ayuntamientos fijen autónomaente cuál es el suelo urbanizable y cual no, de acuerdo con unos criterios recogidos en la normativa, de manera que los no urbanizables será susceptible de ser construido.

Asimismo, el proyecto de ley fija un sistema de valoración del suelo basado en razones de "justicia y equidad", es decir, que el único valor del suelo a efectos urbanísticos será el que fija el mercado, calculado mediante un método para determinarlo.

La iniciativa del Gobierno encontró las primeras críticas en Izquierda Unida, uya responsable de Política Teritorial, Maite Martínez Pardo, dijo que el proyecto "sólo beneficiará a los propietarios y promotores, porque incorpora más suelo al mercado pero no contribuye a abaratar los costes de repercusión en los productos inmobiliarios".

En un comunicado de prensa, la dirigente de IU señaló que la ley "en ningún caso va a solucionar el problema de la vivienda en España y producirá una acentuada disminución de la capacidad económica de los ayuntamientos", porque encuentran en lascesiones de suelo una de las vías principales para obtener recursos extratributarios.

Igualmente, Izquierda Unida considera que el baremo fijado para la cesión de suelo "puede ser inconstitucional", porque "incumple el sentido de la sentencia del Tribunal Constitucional, del 20 de marzo, en la cual queda claro que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias sobre esta materia".