Según las mismas fuentes, su envío a Consejo de Ministros está solamente pendiente del informe preceptivo que deben emitir el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social (CES), organismos a los que se ha remitido el proyecto.

Aunque el Ministerio de Economía no cree que el trámite parlamentario poterior de este proyecto de ley tenga por qué ser más largo de lo normal, fuentes del sector privado han manifestado a Servimedia que es una ley "que pisa muchos callos", por lo que los distintos afectados ejercerán una fuerte presión sobre los grupos parlamentarios con el fin de modidicar determinados aspectos.

Según estas fuentes, "será difícil que se pueda aprobar la ley antes del mes de mayo, e incluso podría quedar para después del verano próximo". En cualquier caso, lo que parece imposible es quela ley pueda entrar en vigor el 1 de enero de 1995 como preveía el propio texto del proyecto de ley.

Entre los grupos profesionales que han manifestado su intención de presionar para que se modifiquen aquellos aspectos que les afectan están los corredores y agentes de seguros, así como los actuarios, que quieren que se certifique la obligación de que las compañías de seguros y los fondos de pensiones utilicen a los actuarios en las funciones que les son propias.

NOVEDADES

El proyecto de ley supne la adaptación de la normativa a las directivas comunitarias y consagra la libre prestación de servicios, además de establecer los criterios para la aprobación de la capacidad para operar en este sector, tanto de las compañías como, en algunos aspectos, de sus directivos.

Además, incorpora algunas novedades, como la creación de los Planes de Pensiones Especiales y algunas modificaciones a la reglamentación de fondos de pensiones.

Precisamente, la agrupación de las gestoras de fondos de pensione, Inverco, ha manifestado su voluntad de "mantener conversaciones con los partidos políticos" en el trámite parlamentario del proyecto de ley para incluir la posibilidad de que se puedan rescatar las aportaciones a los fondos de pensiones en caso de desempleo del beneficiario.

Inverco aspira también a convencer a los diputados y senadores de que se debe revisar al alza el tope de 750.000 pesetas de aportación desgravable.