En declaraciones a Rne Serra ha dicho: "creo que lo que se está pensando en el borrador al que nos estamos refiriendo es que haya un control, tanto del Gobierno como del Parlamento y del Judicial, de los tres poderes, para asegurar que los Servicios de Inteligencia se ajustan, en todo momento, a la legalidad vigente".

El titular de Defensa añadió que "esa me parece que es la finalidad última y básica para, de esta manera, empezr una nueva etapa en los Servicios de Inteligencia, donde, así como gozan de un gran prestigio en el exterior, estén exentos en el interior y libres de toda sospecha".

Por su parte, José Antonio Alonso, portavoz de Jueces para la Democracia, ha declarado a Onda Cero, acerca del borrador de la Ley de Secretos Oficiales, que el texto anunciado mejorará el anterior proyecto de Ley de Secretos Oficiales si, al final, se elimina "ese mecanismo disciplinante, casi constitutivo de censura previa", que eran ls sanciones a periodistas, y se crea la comisión judicial sobre desclasificaciones.

A juicio del portavoz de Jueces para la Democracia, lo más importante es que la Ley fije con antelación quiénes son los sujetos que van a determinar si el material que reclama un juez es secreto o se puede desclasificar.

Según Alonso, si se nombra a tres magistrados para que determinen este extremo, lo lógico sería que uno fuese el presidente del Tribunal Supremo en el Consejo General del Poder Judicial y otros do magistrados que fueran elegidos por turno rotatorio entre los diferentes magistrados de las distintas salas del Tribunal Supremo.

Y añadió, que "una de las incoherencias a las que da lugar tener una atigualla de legislación como la que tenemos ahora es precisamente que sean jueces de lo contencioso administrativo los que decidan el destino de documentos o de material que va a tener la eficacia que tenga, mucha, poca o nada, en un proceso penal".