Estas fuentes han explicado que la ley afecta a derechos fundamentales de los españoles (tutela judicial efectiva y libertad de expresión, entre otros) y a las relaciones exteriores de la nación. Por eso, "requiere el máximo consenso posible" que evite vaivenes legislativos con los cambios de gobierno.

"Muy probablemente, la ley va a ser orgánica porque afecta a derechos fundamentales y va a requerir una mayorí cualificada. No sólo porque sea necesario desde el punto de vista aritmético (el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria) sino porque sería bueno sacar una ley aceptada con el máximo consenso posible y las mejores bases jurídicas", indicaron las mismas fuentes.

Desde el partido gobernante se intentaba transmitir hoy la idea de que el proyecto se va a negociar y aprobar con "tranquilidad", es decir, no a continuación de la desclasificación de los `papeles del Cesid' ordenada por el Tribunal Supremo, qe previsiblemente se hará en el Consejo de Ministros de este viernes.

Una vez retirado el polémico primer Proyecto de Ley de Secretos Oficiales, y tras las críticas que ha cosechado el segundo, llamado Proyecto de Ley de Secretos de Estado, por dejar sólo en manos de los jueces del Supremo la última palabra sobre desclasificación, PP y Gobierno han terminado por admitir que todo el articulado es negociable. Incluido la potestad de los jueces para decidir.

Esta matización es consecuencia de la advrtencia que hizo ayer el portavoz de CiU en el Congreso, Joaquim Molins, pidiendo al Ejecutivo que no "invente" nada que no figure en las legislaciones del resto de países occidentales.

Una clara alusión a la oposición de los nacionalistas catalanes a que sean los magistrados del Supremo en exclusiva quienes decidan sobre secretos. CiU prefiere que la última palabra en materia de desclasificación la tenga una comisión mixta de autoridades políticas y judiciales.

En la dirección popular se salía hy al paso de los temores de Molins aclarando que no hay nada cerrado en un proyecto que será redactado por una comisión interministerial coordinada por el vicepresidente primero, Francisco Alvarez Cascos.