En declaraciones a Servimedia, Argote afirmó que "lo que está claro" constitucionalmente es que la facultad de clasificar o levantar el secreto de determinados documentos o actividades es competencia del Ejecutivo. Por esta razón, manifiesta su sorpresa ante la facultad que tendría el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Constitucional para resolver lo conflictos sobre secretos de Estado, según establece el nuevo texto del anteproyecto de Ley de Secretos de Estado.

En concreto, el nuevo texto establece que un juez puede pedir al Gobierno la desclasificación de un documento si entiende que es necesario para el esclarecimiento de un delito. En caso de que el Consejo de Ministros denegase total o parcialmente la solicitud, el demandante puede acudir a la Sala Tercera del Supremo, que podrá confirmar o rectificar el acuerdo del Gobierno, sin perjuicio el amparo constitucional.

"A mi me parece que eso es claramente inconstitucional. Signfica que una facultad exclusiva del Ejecutivo es traspasada a los tribunales", dijo Argote, para quien la clasificación de documentos secretos no es una decisión administrativa, sino política, de la que dijo que no está sometida a control jurisdiccional.

En su opinión, es probable que de aprobarse esta ley España se quede sin los colaboradores de los servicios secretos de otros países, ante el riesgo de la publiidad de sus actividades conjuntas.

Para el abogado de Rodríguez Galindo la jurisdicción tiene "amplísimas facultades e instrumentos" para investigar sobre la comisión de un delito, razón por la que rechazó la postura de que si se sospecha que un documento secreto puede ocultar una actitud delictiva, hay que desclasificarlo.

A su juicio, "la averiguación de la comisión de un delito no faculta para romper el equilibrio de poderes ni para tomar actitudes inconstitucionales ni para que los poderes seentrometan en las facultades de los otros, porque es tan heterodoxo como condenar a un delincuente sin juicio".

Para Argote, la persecución del delito y el castigo del delincuente tiene sus límites en un Estado de Derecho, uno de los cuales es el propio sistema consitucional.