El objetivo de la ley es, según indicó Vilalta, la organización de la gestión de los residuos que se originan en Cataluña, y obligará a todos los municipios de más de 5.000 habitantes que en el plao de cuatro años realicen una recogida selectiva de los residuos que generan. A su juicio, "es tan importante la organización de la gestión de los residuos como el propio sistema de eliminación".

El departamento de Medio Ambiente destinará 11.000 millones de pesetas para los equipamientos necesarios para la recogida selectiva y podrá aplicar sanciones de hasta 200 millones de pesetas por vía administrativa en el caso de infringir las normas. La ley incorpora también la obligatoriedad de reclicar los rsiduos antes de llevarlos a un vertedero.

La normativa considera residuos especiales algunos de los de origen sanitario, y además también las pilas, las neveras, los aceites o los materiales que contienen plomo. Prevé también el texto que los ayuntamientos puedan reservar el 4 por ciento del suelo industrial para la instalación de elementos de tratamiento y eliminación de residuos.

Asimismo, la ley reguladora de residuos obligará a llevar a un registro de gestores y fomentará el reciclaje desde l Administración con más participación de los organismos locales como ayuntamientos y consejos comarcales.