El proyecto de Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción pretende vigilar la actuación de las empresas que contratan a trabajadores en riesgo de exclusión social, para luego incorporarlas al mercado laboral ordinario.

Estas entidades deberán reunir, entre otros, los siguientes requisitos: mantener un nivel de trabajadores en proceso de inserción del 30% de la plantilla durante los tres primeros años y del 50% a partir del cuarto, y aplicar, al menos, el 80% de los resultados a la mejora de sus estructuras productivas y de inserción.

Estas empresas podrán hacer contratos a tiempo completo o parcial, debiendo ser la jornada diaria o semanal igual o superior a la mitad de la jornada habitual o a tiempo completo.

Por último, la ley prevé el desarrollo de medidas específicas de apoyo a los trabajadores provenientes de estas empresas para su establecimiento como trabajadores autónomos o en fórmulas de economía social.