El objetivo del ministerio es trasladar la totalidad de los costes de la reconversiónminera a los Presupuestos del Estado, aunque esta es una decisión que el responsable de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, quiere consensuar antes en el Parlamento.

Para el equipo energético del Gobierno, esta medida no tendría que aplicarse inmediatamente, sino dentro de 2 ó 3 años, por lo que no se vería reflejada en los presupuestos hasta 1997 ó 1998.

No obstante, Industria mantiene como argumento que este tipo de aportaciones estatales a través de los contratos-programa sólo se justifican ya or razones sociales y regionales, debido al peso que estas empresas tienen en las comarcas donde están instaladas.

Este es el motivo por el que el ministerio cree que el coste del llamado "carbón eléctrico" español, tres veces más caro que el extranjero, no debe recaer sólo sobre los usuarios del servicio eléctrico, con el encarecimiento de la tarifa que ello conlleva, sino sobre la totalidad de los españoles a través de los presupuestos de cada año.

Los últimos datos ofrecidos por el Gobierno mustran que las tres empresas acogidas a contratos-programa con el Estado (Hunosa, Figaredo y La Camocha) le cuestan a los españoles 190.000 millones de pesetas al año, de los que unos 100.000 son consecuencia del precio que se aplica a este mineral y que se repercute en la tarifa eléctrica.

Estos precios están entre 1,5 y 6 veces los que ofrecen sus empresas competidoras en los mercados internacionales, por lo que las empresas eléctricas obligadas a comprarlo necesitan compensar ese coste a través del recio final de la luz.

A esos 100.000 millones se añaden otros 60.000 procedentes de subvenciones directas, y en torno a 20.000 millones de las aportaciones del INI, su propietario, así como las ayudas estatales a la reestructuración y diversificación de las cuencas.