Joaquín Galán, senador socialista por Andalucía, destacó que la proposición viene a fomentar la colaboración con los cuerpos policiales y la administración de Justicia de determinados ciudadanos, tales como "denunciantes, testigos y peritos", con ocasión de actos delictivos cometidos por "la delincuencia organizada".

Consideró que esta iniciativa supone una respuesta "loable" a dos hechos hoy día constatables, "el incremento del poder fáctico de las organizaciones criminales" y el decremento de la conciencia ciudadana cuando la aportación de esa colaboración con la Administración de Justicia y Cuerpos de Seguridad del Estado representa un riesgo grave para su integridad física, para su libertad o para sus familiares".