El tribunal ampara así el recurso interpuesto por el Estado contra la ley parlamentaria catalana, por estimar que siete de sus apartados atentaban contra la Constitución.

El alto tribunal estima que es competencia única del Estado la pesca marítima en aguas exteriores, es decir, encargarse de la normativa reerente a los recursos y zonas de pesca (fondos, caladeros, distancias y cupos), periodos (vedas y horas), así como forma y medios de realizar la actividad extractiva (artes y medios de pesca).

Igualmente corresponde al Estado dictar la normativa básica sobre la organización del sector pesquero en lo que respecta a las condiciones profesionales de los pescadores, construcción de buques o cofradías de marineros.

No obstante, la sentencia reconoce esta responsabilidad como compartida, ya que las comnidades autónomas son las encargadas de ejecutar la legislación regulada por la Administración central, e invoca la competencia exclusiva sobre pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura.

De esta forma, quedan sin validez artículos que atribuían al Consejo Ejecutivo de la Generalitat catalana la facultad de fijar criterios efectivos de protección de la riqueza piscícola o la potestad de emanar reglamentos reguladores con el fin de mantener "una utilización racional de los recursos marinos renoables".

El tribunal estima sin embargo que no es inconstitucional el artículo 11.3, recurrido por el Estado, que permite a la consejería correspondiente realizar planes experimentales para el mejor desarrollo del sector, "siempre y cuando se interprete deslindando entre pesca marítima y ordenación del sector pesquero".