Jiménez indicó que la mayor parte de la financiación extraordinaria (191.847 millones) se destinará a aumentarlas ayudas familiares que establece la ley, y el resto a abonar las pensiones, de 26.000 pesetas mensuales.

Tienen derecho a esta pensión los mayores de 65 años y los minusválidos y enfermos crónicos, aunque no hayan cotizado a la Seguridad Social. El único requisito exigido es la declaración por parte del solicitante de los recursos que percibe al año y de su situación familiar, verificada posteriormente por la Administración.

Esta ley establece también las prestaciones por hijo a cargo. La cuanía de estas prestaciones será de 36.000 pesetas al año, por cada hijo menor de 18 años, y de 72.000 pesetas si es menor de edad pero sufre una minusvalía del 33 por ciento de su capacidad física. Cuando la persona a cargo del trabajador sea mayor de 18 años y padezca una minusvalía del 65 por ciento, la asignación será de 312.000 pesetas.

Sólo se beneficiarán de las prestaciones familiares aquellos asalariados cuyos ingresos no superen el millón de pesetas y que tengan un hijo a cargo. Las personas co dos o más hijos podrán rebasar este tope en un 15 por ciento por cada uno de los descendientes que dependen de su salario, mientras que los casos de minusvalías no exigirán un tope máximo de ingresos.

SITUACION DE LAS MUTUAS

Por otra parte, Adolfo Jiménez informó también sobre la situación económica de las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo, y señaló que en 1989, último año del que se disponen de datos, tuvieron unos ingresos de 330.680 millones de pesetas.

Agregó que un 72 por ciento e esa recaudación fue aportada por las primas de los cerca de 7,7 millones de trabajadores que estaban acogidos a mutuas mediante convenios entre sus empresas y la Seguridad Social.

Jiménez rechazó las críticas del Grupo Popular y de Izquierda Unida, sobre el uso indebido que Hacienda podría estar haciendo de los excedentes de casi 40.000 millones de pesetas dejados en el Banco de España por las mutuas que se han acogido a fusiones o absorciones por otras sociedades mayores. Aseguró que el Gobierno nohace uso de ese dinero para fines distintos a los establecidos en la legislación de las mutuas patronales.