"Nuestro sistema democrático no puede consentir que un partido político sea en la práctica refugio de asesinos, aparato de financiación o altavoz de propaganda, i tampoco que se utilicen las subvenciones para comprar pistolas, o los escaños y las concejalías para amenazar, intimidar o condenar a los que no piensan como ellos", dijo García-Escudero.

El senador popular recordó que para que un partido sea declarado ilegal tras la nueva ley deberá vulnerar las libertades y derechos fundamentales, legitimar o propiciar la violencia para conseguir objetivos políticos, por lo que "no se podrá plantear la ilegalización de un partido por pretender la instauración de l república o por defender la independencia de una comunidad autónoma, cuando se hace por métodos pacíficos".

García-Escudero rechazó las críticas de quienes se oponen al texto indicando que intentar acabar con el terrorismo siempre es "oportuno" y que no se trata de una ley para ilegalizar un partido político concreto (Batasuna), porque "dos terceras partes de su articulado se dedican a aspectos que nada tienen que ver con la ilegalización".

En cuanto a los que afirman que se atenta contra la sepración de poderes entre el legislativo y el judicial, "deben recordar que el Congreso y el Senado constituyen la garantía de legitimación democrática y por lo tanto son los depositarios de la soberanía popular", dijo.

Por su parte, el portavoz del PSOE recalcó que la nueva ley "debe permitir a los jueces poder poner fuera de las instituciones a las formaciones políticas que no respeten las reglas del juego democrático y alenten el terrorismo.

"No ilegaliza ideas, por radicales que fueran, en favo de la república, la independencia, o cualquier otra, sino la exaltación y justificación de la violencia", añadió Galán. "El juez tendrá en cuenta los medios utilizados y nunca los fines perseguidos".

DECLARACIONES DE AZNAR

Tras resaltar la irretroactividad de la ley, el senador del PSOE mostró su preocupación por las declaraciones del presidente del Gobierno, José María Aznar, advirtiendo de que, aprobada la ley, de inmediato se instaría a la ilegalización de Batasuna.

"Sería un inmenso error,porque las conductas han de ser reiteradas y graves y quien toma la decisión es el Supremo", dijo Galán.

El portavoz socialista se felicitó por la "solución intermedia" adoptada sobre quién estaba capacitado para solicitar la ilegalización de un partido, adoptándose la fórmula de que la legitimación sea del Gobierno y del ministerio fiscal, si bien el Parlamento podrá instar al Ejecutivo a hacerlo.