El análisis jurídico difundido por el PNV señala que el Ejecutivo pretende con esta ley arrebatar a orden penal competencias que le corresponden en exclusiva, como la ilegalización de una organización política, al darse cuenta de que "todos los intentos judiciales para ilegalizar Batasuna han sido estériles".

En este sentido, añade que la "única posibilidad de declarar ilegal" un partido político es aplicando el Código Penal, y critica que, al no poder aplicar esta norma contra Batasuna, el Gobierno acometa una "operación jurídica" que consiste en "eludir los estrictos requerimientos del principio e legalidad penal", de forma "dudosamente constitucional".

Según este análisis, el texto elaborado por el Ejecutivo configura un sistema mixto "parlamentario-gubernamental- jurisdiccional" al permitir que 50 diputados o senadores y el Gobierno puedan instar a a ilegalización, además del Ministerio Fiscal, algo que "carece absolutamente de encaje" en nuestro ordenamiento jurídico.

Además, apunta que se exige a los partidos políticos asumir "los principios democráticos y los valores constitucionale", cuando esta última exigencia "encaja con dificultad en derechos fundamentales que consagra la propia Constitución", y que amparan la "legítima opción" de tener un planteamiento crítico con el ordenamiento constitucional.

OBLIGACION MORAL, NO LEGAL

En cuanto a tipificar la no condena de la violencia como motivo de ilegalización, señala que éste puede ser, en todo caso, un "requermimiento moral", pero no es "una obligación legal", por lo que merece "el reproche ético que casi todos compartimos, per no puede provocar consecuencias punitivas como la ilegalización".

Del mismo modo se refiere a la segunda causa de ilegalización, "fomentar o propiciar la violencia" y usar procedimientos democtráticos para contribuir a la "deslegitimación de los mismos", formulada, para el PNV, "en términos todavía más enigmáticos", "genéricos" y que dan pie a la "absoluta discrecionalidad a la hora de interpretar y aplicar preceptos en blanco".

Por ello, concluye que se trata de un anteproyecto que se erige en otra vuelta de tuerca contra un sistema de libertades públicas", tras el que "solo late la obsesión de confrontarse con el nacionalismo democrático".