Fuentes consultadas por Servimedia reconocieron que, tras la ilegalización de Batasuna, sería "muy complicado" proceder contra los parlamentarios "abertzales", puesto que la Constitución española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establecen que los escaños están vinculados a cada diputado en particular, y no a los partidos que representan.

En concreto, el artículo 67.2 de la Carta Magna establece que los representantes populares en órganos legislativos "no etarán ligados por mandato imperativo" a ninguna organización externa, lo que posteriormente el Tribunal Constitucional interpretó en el sentido de que el escaño se asigna al diputado, y no a su partido.

Por lo tanto, los parlamentarios de Batasuna podrán ejercer sus funciones durante tres años más, hasta la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas en la primavera del año 2005. Sólo si se dictara alguna sentencia de carácter penal contra alguno de ellos, individualmente, podría ser apartado de susfunciones públicas de representación.

En caso de ilegalización de Batasuna, sus siete parlamentarios pasarán a engrosar el Grupo Mixto en la Cámara autonómica, y no podrán hacer referencia a su antigua organización ni en sede parlamentaria ni en actos públicos, porque incurrirían en un comportamiento delictivo.

Tampoco podrán solicitar en su nombre ninguna subvención, ni ser objeto de ellas. Tanto populares como socialistas entienden que ninguno de los actuales representantes de Batasuna en el Palamento vasco podrán volver a presentarse a las elecciones.