Pese a no estar en el orden del día de la reunión, la negociación de esta reform suscitó un intenso debate entre los 248 miembros del Comité Federal, reunidos a puerta cerrada tras la intervención abierta a los medios de comunicación de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según informaron fuentes asistentes a la reunión, los dirigentes socialistas coincidían en señalar el clima favorable en el que se ha desarrollado esta reunión. Frente al anterior, celebrado en plena euforia del PP tras su Congreso Nacional, esta vez sobrevolaba, remarcaban, el desgaste del Gobierno y los escándalos qe siguen saliendo a la luz.

Ese buen clima se tradujo en un respaldo anticipado al secretario general en la negociación de la reforma de la Ley de Partidos, ante la que muchos dirigentes socialistas acentuaron sus críticas al PP, al que acusaron de utilizarla "como arma arrojadiza contra el PSOE" para recabar votos fuera de Euskadi.

Algunos miembros del Comité Federal, como Juan Antonio Barrio, de Izquierda Socialista, insistieron en la necesidad de eliminar toda posibilidad de retroactividad de a ley.

Otros dirigentes fueron más duros en sus críticas al Gobierno y, por ejemplo, Manuel de la Rocha, de Izquierda Socialista, alertó a la dirección de que el PP está tratando de "chantajear" al PSOE, y el "guerrista" madrileño José Acosta denunció la "deslealtad" del PP en este trámite, y advirtió a la Ejecutiva de que debe rentabilizar mejor los acuerdos que suscribe con el PP.

En esa misma línea se expresó Juan Antonio Griñán, que recordó que la seguridad en Euskadi es responsabilidad de quen gobierna, que no es el PSOE. Por ello, se mostró contundente: o se reestablece la buena fe del socio, o que se tomen decisiones.

BUSCANDO VOTOS FUERA

También el propio secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, denunció que el PP está utilizando la política antiterrorista para mantener su poder en el resto de España, y por eso se niega, dijo, a crear el fondo público para sufragar la seguridad de los concejales. López respaldó la ley pese a mantener "cierto escepticismo" sobre su esultado.

El secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Manuel Huertas, aclaró a sus compañeros que las cosas no se interpretan igual dentro y fuera de Euskadi, pero coincidió con los demás en que el Gobierno está tratando de "zarandear" a los socialistas para tratar de mantenerlos "sumisos" ante sus posiciones. "A eso se le llama deslealtad", insistió.

El respaldo a la decisión que adopte la dirección federal fue explícito incluso por parte de quienes expresaron sus dudas sobre la utiliad prática de la reforma, como fue el caso de la alcaldesa de Lasarte, Anna Urtxueguía, o el del secretario general de las juventudes de Euskadi, Daniel Díez, que se mostró claramente en contra de la reforma.

Díez vaticinó que la ley no contará con el consenso imprescindible, y consideró que algunos de aspectos del proyecto del Gobierno son de dudosa constitucionalidad, al abrir la puerta para criminalizar a colectivos por comportamientos individuales.

Todos ellos coincidieron además en la convenencia de dedicar el tiempo necesario a reflexionar para que la ley sea impecable desde el punto de vista constitucional y cuente con el mayor consenso parlamentario posible.

El presidente del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Pasqual Maragall, recomendó a Rodríguez Zapatero que no se precipite y que trate de imponer el ritmo de la negociación, para evitar la posible imagen de que es el PP el que impone sus criterios.

MAS AGRESIVIDAD

A todos ellos respondió Rodríguez Zapatero defendieno su línea de actuación y garantizando que no perderá la calma por muchos ataques que le lance el PP y que vaticinó que serán más agresivos según se acerquen las elecciones.

De la postura del Comité Federal extrajo el líder socialista extrajo la conclusión de que obtiene "un amplio margen de confianza" para negociar con el Gobierno y decidir lo que considere oportuno.

Ese margen de confianza se dejó ver, por ejemplo, en la actitud del presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que e la anterior reunión del Comité Federal dio al líder socialista un margen de tres meses para endurecer su oposición y pedir cuentas si la gestión de la dirección no le convencía.

En la reunión de hoy, Rodríguez Ibarra no pidió la palabra, y no ocultó a los periodistas que le preguntaron que esa actitud en la respuesta a su margen de confianza al secretario general. Aseguró, además, que el debate era "suave" con un claro respaldo a la dirección.

Esta actitud fue percibida claramente por Rodríguez apatero que, al pedir margen para negociar como considere conveniente la reforma de la Ley de Partidos, recordó el que pidió al comienzo de su gestión para hacer una oposición util y respetuosa. Hoy, dijo, nadie en el Comité Federal ha dicho si esa oposición es blanda o dura.