"No veo por qué no podría haber iniciativas parciales", declaró a Servimedia Carlos Martínez Gorriarán, portavoz de "¡Basta Ya!", "incluso creo que sería bueno que las iniciativas pudieran ser de grupos de ciudadanos, como existe en otros ámbitos, donde se pueden constituir como acusación. No sé por qué tiene que haber una ecepción en esto".

El portavoz de la plataforma pacifista subrayó que la decisión final sobre la ilegalización de un partido la tendrá el Tribunal Supremo, con lo que quedan cubiertas las garantías judiciales. "Da exactamente igual quien lo haga, porque en última instancia la decisión es judicial", explicó.

El proyecto elaborado por el Gobierno prevé que sean el Ejecutivo, cincuenta diputados o senadores o el Ministerio Fiscal quienes tengan capacidad para pedir la ilegalización, mientras que el POE quiere que esta facultad se limite a la Fiscalía, con el fin de evitar la politización del proceso.

El portavoz de "¡Basta Ya!" recalcó la necesidad de abordar la ilegalización de un partido que "representa los intereses de los terroristas", y añadió que defender la legitimidad de ciertas opciones porque representen a una parte de la sociedad supondría "tolerar en otros países un partido que represente a los mafiosos, o a los partidarios de la esclavitud. Es una aberración, porque en democracia lospartidos deben respetar las reglas de juego y tener voluntad constructiva, no destructiva".

CAMBIO DE NOMBRE

Por otra parte, Martínez Gorriarán se refirió al cambio de denominación de Batasuna, que pasará a llamarse 'Abertzales Socialistas', algo que, "aunque no les libra de la ilegalización, les permitiría conservar los grupos parlamentarios".

"Esto supondría conservar una estructura política, una fuente de ingresos, y de justificación de su actividad", argumentó, por lo que pidió a los Parlametos vasco y navarro que tomen medidas para que "ningún grupo parlamentario pueda mantener la representación de un partido ilegal".

Del mismo modo se pronunció el portavoz del Foro Ermua, Enrique Múgica, quien confió en que "la ley que se apruebe contemplará los presupuestos para que cambios de nombre y artificios semejantes no vayan a ninguna parte. Sería lo deseable".