En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la Asociación de Fiscales, José Antonio Martín Caro, subrayó que "no hay ningún campo en la legislación española en el que el fiscal tenga el monopolio de actuación en nada", por lo que en este caso no debe ser diferente.

"En la legislación española", al contrario queen otros países, "se permite el ejercicio de la acción popular y particular para perseguir delitos, no hay un monopolio para el fiscal en una actuación determinada, excepto en el tema de la jurisdicción de menores", por lo que "es lógico" que, además del Ministerio Fiscal, esta función sea compartida con otras "personas o partes", agregó.

En cuanto a la conveniencia de una norma que permita ilegalizar formaciones políticas, subrayó que "me encantaría que no hubiese que plantearse nunca la ilegalizació de ningún partido, ni Batasuna, ni ningún otro, porque todos ellos se ajustaran a los principios constitucionales y democráticos de una sociedad moderna, pero también me gustaría no pedir la prisión de nadie y, desgraciadamente, a veces hay que hacerlo".

Por su parte, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Antonio Camacho, declaró a esta agencia que el Gobierno y los grupos parlamentarios deben tener capacidad también para tomar esta iniciativa, y subrayó que el riesgo de politizacióndel proceso queda conjurado desde el momento en que es el Tribunal Supremo el órgano que tiene la última palabra.

A su juicio, en el momento en que interviene un órgano judicial, se obtienen todas las garantías de que no se está vulnerando la ley para conseguir un objetivo político. "No debemos olvidar que, tras la propuesta inicial, debe haber una resolución judicial. Esta es la que determina si concurren o no las causas; y ésta no puede tener ningún tipo de politización", insistió.

Por último, amacho dijo que el principal problema que plantea esta iniciativa del PSOE es que no está claro que el actual fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, actúe con independencia respecto al Gobierno.