Suárez declaró a Servimedia que el proyecto sobre el que discutirá mañana el Pleno del Consejo General del Poder Judicial "desde el punto de vista técnico, jurídico, de los inconvenientes que puede tener, no ve ningún óbice ni constitucional para que la ley pueda ser considerada muy aceptable, muy positiva".

"La descripción de los supuestos en los que una asociación puede incurrir en ilegalidad es bastante clara y no es dudosa o ambigua", explicó, "por lo que es una ley bastante positiva", que sólo puede dar pie a "discusiones de carácter político, pues desde el punto de vista técnico no he visto ni una crítica que tenga consistencia".

En cuanto a la discusión en torno a quién debe tener la capacidad d iniciar el proceso de ilegalización, si el Ministerio Fiscal solamente o también 50 diputados o senadores; subrayó que tampoco tiene sentido jurídicamente, porque "se amplía a los partidos de la oposición esa posibilidad, y como la decisión es judicial, no hay ningún tipo de control político".

EL portavoz de la asociación mayoritaria de juieces insistió en que "además de no haber ningún obstáculo, en nuestra legislación ya hay supuestos en los que existe la posibilidad de pedir el control de legalida por las mismas instituciones y además el Defensor del Pueblo, por lo que hay precedentes".