El texto regula los contratos de utilización del buque, así como los contratos auxiliares de la navegación. Asimismo, establece el contrato de construcción naval e incorpora novedades en el contrato de compraventa de buques.

También contempla el problema de los polizones, cuyo régimen se remite a las normas generales de extranjería e inmigración, reforzando la responsabilidad de los capitanes de buque tanto para impedir su connivencia en el embarque como para garantizar que se proporciona un trato digno a los polizones.

En la elaboración de esta norma han colaborado los sectores afectados (navieros, cámaras de comercio), transitarios (intermediarios o auxiliares de la actividad de transporte) y despachos especializados, entre otros, según el Gobierno.