El trámite de la Cámara Alta ha reproducido el amplio consensoque encontró la ley en el Congreso, de donde salió el pasado 16 de octubre con los votos favorables de PP, PSOE, CiU, PNV y Coalición Canaria. De nuevo en el Senado, sólo Izquierda Unida no ha apoyado una norma que considera que entraña riesgos de "privatización" de la pinacoteca más importante del país.

La aprobación de la ley culmina un debate que abrió el Gobierno hace tres años, cuando anunció su propósito de aprobar un nuevo marco jurídico del museo, en paralelo a las obras de ampliación.

Co la reforma, el Prado pasa de organismo autónomo a entidad de Derecho público. El principal objetivo es que la pinacoteca alcance en 2006 un nivel de autofinanciación superior al 50% (actualmente es del 27%) y pasar de los actuales 1,7 millones de visitantes a una cifra cercana a los 3,4 millones.

Según reiteró hoy el Ministerio de Educación en un comunicado, la ley "garantiza el dominio público de los fondos museográficos adscritos" al Prado y respeta así la Ley de Patrimonio Histórico Español.

a nueva norma mantiene los órganos rectores del museo, que serán el presidente del museo (cargo que desempeña el titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), el Real Patronato (cuya presidencia de honor corresponde a los Reyes) y el director del museo.

En el capítulo de personal, la norma flexibiliza el régimen de contratación de servicios, favorecido por la normativa específica de las entidades públicas.

También resuelve la gestión actual de los recursos humanos del museo, caracterizda por una multiplicidad de situaciones laborales, proponiendo un único régimen laboral y un convenio colectivo propio.

El Gobierno prevé que el nuevo estatuto permitirá un incremento "significativo" de los puestos de trabajo para hacer frente al aumento de actividades y servicios que conlleva la puesta en marcha de la ampliación.