España cuenta con una superficie forestal total de 26 millones de hectáreas, de las cuales dos tercios son de titularidad privada y un tercio, pública. Según el texto, los montes de titularidad pública, 8,5 millones de hectáreas, serán declarados Dominio Público Forestal.

Esta categoría implica el máximo grado de integridad y protección del territorio público foresta, al convertirse en inalienables, inembargables e imprescriptibles. Por lo tanto, los montes públicos no podrán ser vendidos, ni embargados y tampoco será posible que pierdan la titularidad pública.

La nueva ley establecerá que los propietarios de los montes sean los responsables de su gestión, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y lo que éstas dispongan para los montes catalogados de utilidad pública.