Esta es la conclusión expuesta en rueda de prensa tras la reunión que celebraron en la sede del PSOE los responsables de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico, Juan Fernando López Aguilar, y de Políticas Sociales e Inmigración, Consuelo Rumí, con los consejeros de jusicia de las comunidades gobernadas por socialistas, y los portavoces de aquéllas en las que son oposición.

Los socialistas denunciaron, tres meses después de la entrada en vigor de esta ley, la ausencia de recursos financieros con los que cuentan las comunidades autónomas para aplicarla y los consecuentes problemas que están surgiendo.

Ante el ejemplo "dramático" de la joven liberada tras ser condenada en Cádiz por asesinar a una compañera, López Aguilar se mostró partidario de analizar detenidamnte si es verdad que el juez no tenía más remedio que ponerla en libertad puesto que la sentencia no era firma y existía un recurso de la defensa.

Si realmente se demuestra que la norma es "taxativa" y no deja margen de interpretación al juez, "el legislador tiene que asumir que a lo mejor la ley no está bien diseñada y resulta razonable introducir modificaciones".

Estas reformas, afirmó, nunca podrían ser "compulsivas", sino fruto de una profunda y serena reflexión, y en el marco de medidas de ms alcance, en el seno de las conversaciones para reformar la Justicia en su conjunto.

En todo caso, López Aguilar consideró que este es un ejemplo "de lo mal que funciona la Justicia en España", más aún si es penal y si afecta a menores.

El dirigente socialista advirtió con este ejemplo del riesgo de que se detone "un movimiento reaccionario" de la opinión pública contra la ley del menor y de que la sociedad comience a pedir castigos más duros contra jóvenes que aún pueden ser reeducables. "Los scialistas no queremos que eso ocurra", precisó.

Para evitarlo, abogó por emprender todas las medidas necesarias para aplicarla de forma adecuada, comenzando por la provisión de las partidas presupuestarias imprescindibles, que las comunidades autónomas han cifrado en más de cuarenta mil millones de pesetas y que se van calculando al alza según se comprueban los problemas suscitados.

En opinión de los socialistas, la concreción de esos recursos requiere una negociación política y, puesto que afect a la financiación autónomica, debe ser negociada dentro de las conversaciones iniciadas ya para aprobar el nuevo modelo.

López Aguilar avanzó que el nuevo sistema debe terminar con la "disfunción" registrada en los últimos años, consistente en que el Gobierno central legisla sobre materias que afectan a las comunidades sin suministrar los recursos financieros necesarios.