Diferentes representantes de las instituciones que se verán afectdas por la entrada en vigor de la nueva norma, entre ellos, el fiscal jeje del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, y el magistrado juez decano de Madrid, Fernando Fernández, mantuvieron hoy una reunión con el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra.

En el encuentro analizaron la situación y las perspectivas de futuro que se plantean para hacer frente a la entrada en vigor de la ley. La conclusión fue que, si hoy entrara en vigor, no se podría aplicar, ero también que hay que acelerar los trabajos entre todos para lograr que el 13 de enero esté lista.

Lo cierto es que se trata de una ley "cara en lo humano y cara en lo material", según reconoció el propio Urra. En concreto, explicó que serían necesarios unos 8.000 millones de pesetas, tener 21 fiscales (en la actualidad hay 5) y poner en marcha dos centros para menores, una medida que Urra ya da por imposible para antes de enero.

"Hay que acelerar el programa urgente", subrayó. "Estamos al 50% e las obras que el Ministerio de Justicia tiene que hacer". Además, las previsiones son que con la entrada en vigor de la ley se multiplicarán por cuatro los casos que se judicializan, "y más adelante por seis", teniendo en cuenta que hoy en la Comunidad de Madrid se trabaja con 4.000 casos de menores.

Fernando Fernández recalcó la necesidad de acelerar todos los procedimientos precisos para que el 13 de enero de 2001 se puedan estrenar en condiciones los juzgados de menores que harán falta para hacerfrente a la ley.

En la misma línea se manifestó Mariano Fernández Bermejo, quien además destacó la voluntad de trabajo conjunta que existe entre todas las instituciones implicadas para que el 13 de enero esté en vigor la ley con todas las garantías.

Por último, Urra se refirió al resto de acontecimientos que están poniendo en tela de juicio la Ley del Menor. En concreto, se refirió a la pretensión del Gobierno de aumentar la pena para los menores relacionados con la actividades de violencia calleera en el País Vasco.

El Defensor del Menor insistió en que más de 5 años de internamiento (que es la pena máxima que prevé la nueva ley) "animaliza" a los jóvenes y no será eficaz. Asimismo, advirtió del desequilibrio que supondría que un menor sea castigado con 10 años de internamiento por participar en la denominada "kale borroka", mientras un menor que asesine a otro menor esté cinco años internado y otros cinco en libertad vigilada.

"Ya es hora de que entre en vigor esta ley", dijo Urra, "qu es una magnífica ley", "y que se aplique en toda España". "Creemos en ella y vamos a luchar por ella", concluyó.