En declaraciones a Servimedia, Comas advirtió de que si no se articulan de forma adecuada las medidas necesarias para la aplicación de esta norma, se corre el riesgo de que "una buena ley se convierta en un instrumento ineficaz de reeducación de menores, y puede producir un efecto de desolación en la sociedad, al ver que se formulan buenos principios legales pero que no se es capaz de crear una infraestructura que los haga eficaces".

En este sentido, la portavo de JpD resaltó que "en muchos territorios faltan equipos de psicólogos, no se han creado centros especializados para asumir los distintos niveles de reeducación previstos en la ley y no hay suficientes edificios para que los fiscales asuman la instrucción de los casos de delitos cometidos por menores. Además, falta dotación presupuestaria para dotar a los fiscales de los medios necesarios para que sean eficaces".

En cuanto a la decisión del Gobierno de aumentar en 129 las plazas de fiscales que se enargarán de la instrucción de estos delitos, Comas resaltó que "el Ministerio de Justicia debería haberse reunido con los fiscales jefe de todas las comunidades para valorar el número de fiscales necesarios", puesto en el caso de Madrid, Cataluña y Andalucía los fiscales jefe ya han señalado que las plazas previstas son insuficientes.

Por último, indicó que el departamento que dirige Angel Acebes debería haber cobrado "mayor protagonismo en la coordinación de las comunidades autónomas que tienen competncias para crear los centros específicos y los equipos técnicos, a fin de conseguir una aplicación uniforme de la ley".