En declaraciones a Servimedia, el fiscal jefe de Madrid, que participa en un curso sobre esta ley organizado por la Universidad Rey Juan Carlos en Almería, señaló que tras un momnto de improvisación con el que arrancó la normativa, aprecia en las administraciones la actitud cicatera "del que no ha entendido nada o del que quiere cargarse la ley, que todo es posible".

Por ello, pidió dinero para que pueda aplicarse y "generar ese pequeño ejército de trabajadores sociales, del ámbito psico-educativo, que puedan contribuir a que una libertad vigilada, que es una cosa muy seria, sea eso y no otra cosa".

A su juicio, los poderes públicos deben de dotar de infraestructura y deorganización a este modelo de intervención de los menores, "que ya no está basado en una decisión judicial de internamiento, sino en una decisión compleja por la que el menor pasa por un proceso de integración en la sociedad".

El fiscal reconoció que es difícil pasar "sin anestesia" de un modelo punitivo a un modelo de intervención, que castiga, pero sólo como medio de alcanzar una educación integradora del menor. Este proceso es aún más difícil "con cicatería de medios y falta de previsión", insistió

PRISION PREVENTIVA

Criticó que en un país como España haya sido normal que una persona esté más de dos años en prisión preventiva, sea menor o no. "Por ello, es lógico que un menor que ha cometido un delito sea enjuiciado antes de 6 meses. Y para hacer cumplir la ley hay que tener los medios adecuados, y eso está faltando", dijo.

Para Fernández Bermejo, en la historia de la judicatura española esta normativa marca un antes y un después, porque trata el tema del menor que infringe el Código Penl "no sólo con medios jurídicos, sino psicosociales y educativos".