Hasta el momento, la norma, que todavía puede sufrrir modificaciones, daba la posibilidad de vender medicamentos que no requieran receta médica a través de la Red, algo que para los populares y para los farmacéuticos significa una merma para la seguridad de los pacientes, ya que consideran que estos productos sí pueden tener efectos adversos que el boticario debe indicar directamente al consumidor.

Por otra parte, la comisión ha aporbado un grupo de enmiendas que obligan al Gobierno a desarrollar un reglamento, en el plazo de seis meses, que regule la mayor participación de las comunidades autónomas en aspectos como la fijación de precios de los medicamentos o la decisión de su financiación por parte del Sistema Nacional de Salud.

La secretaria Ejecutiva de Política Social y Bienestar del Partido Popular, Ana Pastor, se mostró muy satisfecha con esta modificación, ya que va más allá, incluso, de lo planteado por su grupo parlamentario en este sentido, según dijo la diputada popular al término de la comisión.

El dictamen de la norma, aprobado en esta misma sesión, recoge la obligatoriedad de que las compañías farmacéuticas impriman en braille el nombre de los medicamentos en sus envases. El texto establece que quienes incumplan este mandato serán sancionados con multas de entre 6.000 y 30.000 euros.

Tras el trámite de hoy, el texto se debatirá en el pleno de la Cámara Baja el próximo jueves, día 6, desde donde pasará al Senado para su posterior debate y posible modificación.