En un comunicado hecho público hoy, el sindicato reclama inversiones presupuestaras adecuadas, dirigidas a paliar las desigualdades; medidas específicas para el efectivo cumplimiento de la Ley -reforzando los mecanismos de control, vigilancia y seguimiento- y la eliminación de la normativa nacional que pueda contravenir los principios de no discriminación de las personas con discapacidad.

El Senado aprobó ayer las enmiendas introducidas al proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación, que van dirigidas fundamentalmente a la incorporación en el Consejo Nacional e la Discapacidad de una oficina permanente especializada en la que colaborarán las asociaciones más representativas. Por otro lado, se establece el plazo de 2 años para que el Gobierno regule los efectos de la lengua de signos para garantizar el aprendizaje de las personas sordas.

Esta nueva norma, complementará a la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), y pretende la realización de políticas transversales en materia de discapacidad.

El Proyecto de Ley se justifica por 2 razones según UGT: la persistencia en la sociedad de las desigualdades y los cambios operados en la manera de entender la discapacidad, así como la aparición de nuevos enfoques y estrategias.

UGT considera que la ley que se aprobará "está llena de inconcreciones" al establecer plazos para su aplicación "excesivamente largos", como lo prueba que algunas medidas pueden tardar en aplicarse hasta 17 años para suprimir barreras arquitectónicas.

Para UGT, no basta con la aprobación legislativa que combata la iscriminación, es preciso que se introduzcan medidas para el efectivo cumplimiento, mecanismos de control, vigilancia y seguimiento, así como la eliminación de forma transversal de toda la normativa nacional que, de forma directa e indirecta, contravenga los principios de no discriminación de las personas con discapacidad.