El borrador original del Gobierno tipificaba el cierre patronal como "la clausura o cierre de uncentro de trabajo decidida por el empresario con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas y los bienes en las situaciones de huelga".

Esta es una de las concesiones realizadas por el PSOE a los sindicatos, a cambio de que éstos admitan que la Administración tendrán la última palabra en la fijación de los servicios mínimos en los servicios esenciales para la comunidad.

Los sindicatos también han tenido que aceptar el mantenimiento del despido para los responsables de convocatorias d huelgas ilegales y se han comprometido a no convocar paros simultáneos en diversos medios de transporte y otras actividades que puedan bloquear la actividad económica.

En cuanto a los servicios esenciales, los decretos ahora en vigor serán sustituidos en un año y medio por acuerdos permanentes entre la Administración y los sindicatos, aunque será siempre el Gobierno central o los autonómicos los que decidan en caso de conflicto.

RESPALDO DEL GOBIERNO

El texto pactado por las centrales y el PSO será "sancionado" públicamente en una rueda de prensa que el próximo lunes ofrecerán los líderes sindicales y el ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval.

Según Nicolás Redondo, los sindicatos cuenta con el respaldo de los grupos parlamentarios del CDS, Minoría Catalana, Izquierda Unida y PNV para que no cambien el nuevo texto durante su tramitación parlamentaria.

Redondo también valoró positivamente el silencio mantenido por la patronal en este tema, si bien fuentes de la CEOE consultadas hoy pr Servimedia indicaron que la patronal quiere ser informada de las modificaciones introducidas en la ley y está a la espera de ser convocada por el ministro de Trabajo.

El líder de UGT señaló que el éxito en la negociación de la ley de huelga, el inminente acuerdo en formación profesional y la puesta en marcha del Consejo Económico y Social (CES) no significa que su sindicato apruebe la política del Gobierno.

A su juicio, el Ejecutivo debe abandonar el "neoliberalismo" que ya ha fracasado en otro países y dar un giro a su política económica y social, en cuestiones como el anteproyecto de Ley de Salud Laboral, sobre el que hay un total desacuerdo con los sindicatos.

Redondo criticó la decisión del Ministerio de Trabajo de suprimir la figura del delegado de prevención en empresas de menos de 250 empleados, salvo las que estén sujetas a riesgos especiales.

Además, en las grandes empresas con delegados, el crédito horario de éstos para realizar su labor quedará reducido a la mitad. UGT atribye esta modificación a las presiones de la patronal.