Según dijo en un debate en el Club Siglo XXI, las modificaciones al texto pactado con los sindicatos propuestas por ambos miembros del Ejecutivo fueron incorporadas a la ley por medio de enmiendas en su tramitación parlamentaria y éstas no son consideradas como "insuficientes" por aquelos.

Barrionuevo manifestó que la Ley de Huelga socialista es el proyecto más garantizador de los derechos de los ciudadanos que se conoce en España en lo que se refiere a la garantía de funcionamiento de los servicios públicos esenciales, al derecho al trabajo de los no huelgistas -"que queda más reforzado que nunca"- y en la represión de los piquetes que no sean estrictamente informativos.

El representante del PP, Alberto Galeron -que participó en el coloquio junto al de IU, José Luis Núñez; CDS Benito de Diego; CiU, Rafael de Hinojosa, y PNV, Jon Zabalía-, calificó como "ambiguo" el apartado que se refiere a la limitación de los piquetes violentos o coactivos y recriminó al PSOE que no haya dialogado con los empresarios y con las asociaciones consumidores y usuarios a la hora de confeccionar la ley.

El ex ministro del Interior alegó que los "piquetes" ni siquiera se mencionan en la ley, aunque ésta subraya "con gran energía" que lo que este término representa debe ser llevado a cabo de form "pacífica y estrictamente informativa".

"En ningún caso", subrayó, "las actuaciones legítimas del derecho de huelga pueden entrar en contradicción con el derecho de todos los trabajadores a trabajar. Las conductas infractoras serán penadas en base al Código Penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana".

Jon Zabalía, del PNV, señaló que su grupo prohibiría la presencia de los huelguistas en el centro de trabajo, propuesta que recoge el decreto ley vigente de marzo de 1977 y que, según Barrionuevo, fuedeclarada anticonstitucional por el Tribunal Constitucional, por lo que no se puede contemplar, ni siquiera hipotéticamente, indicó.

Respecto al polémico despido libre, el ponente socialista dijo que la Ley de Huelga excluye que esta opción se lleve a cabo indiscriminadamente, aunque recoge sanciones "sin excluir el despido" para los promotores u organizadores de la convocatoria de paro.