Este cambio ha sido reclamado con insistencia desde hace tiempo por los sectores de la hostelería y el ocio, que se quejan de los graves peruicios económicos que le ocasiona el fútbol televisado de los sábados.

La modificación al proyecto del Gobierno ha sido fruto de una enmienda inicial de Coalición Canaria, que señalaba que "reglamentariamente y en atención a los intereses laborales, deportivos y mercantiles afectados, podrían establecerse límites de días y horario para estas retransmisiones".

El PP presentó una transaccional, que apoyaron todos los grupos menos el PSOE, para suprimir de la enmienda el término "laborales". Los poplares entendieron que esa referencia supondría dar cabida a los sindicatos en el nuevo Consejo de Emisiones Deportivas, que es un órgano que en principio ya tendrá muchos integrantes, según explicó el ponente del PP, Juan Moya.

En cambio, los socialistas opinaron que habría que haber reconocido los intereses "laborales" y el derecho a opinar de los sindicatos sobre el cambio del fútbol en abierto a los domingos. Su portavoz, Jaime Lissavetzky, matizó que su grupo no se oponía al cambio de día del partdo televisado.

El representante del PP Juan Moya admitió que esta enmienda permite al Gobierno aprobar, vía decreto, un reglamento que determine ese traslado a los domingos de los partidos que retransmiten las autonómicas y La 2. A su juicio, esto no supone ninguna "injerencia" en los acuerdos en vigor entre operadores y clubes.

Con esta enmienda, los partidos en abierto de los sábados podrían pasar a los domingos, y los encuentros que ahora emite los domingos Canal+, que hacen menos daño a la hotelería al ser codificados, se trasladarían a los sábados. Antena 3 mantendría el partido de los lunes.

MORATORIA

Al margen de esta enmienda transaccional que fue aprobada hoy, el proyecto de ley no sufrió ningún cambio significativo adicional respecto al trámite en la Comisión Constitucional de la pasada semana.

En aquella ocasión, como hoy, la expectativa se centró en la actitud que mantendría CiU respecto a las enmiendas de Izquierda Unida y PNV encaminadas a abrir una moratoria de un año paa que los operadores lleguen a acuerdos y adapten sus contratos a la ley.

Finalmente, prosperó la enmienda de Izquierda Unida, toda vez que CiU, PP y PNV no llegaron a un acuerdo en torno al texto de los nacionalistas vascos. Sobre todo CiU consideró que esta enmienda reafirmaba el carácter retroactivo de la ley.

La enmienda de IU señala que si transcurrido un año desde la entrada en vigor de la ley los operadores no llegaran a acuerdos, el Consejo para las Emisiones Deportivas elevará un informepreceptivo al Gobierno en el plazo de seis meses.

La enmienda del PNV decía lo mismo pero añadía que los derechos adquiridos por Canal Satélite Digital conservarán su vigencia "si se procede su adaptación a los contenidos del informe y si es posible su interpretación conforme a los contenidos del informe". Este párrafo, a juicio de CiU, es el que consagra la retroactividad de la ley.

La posición de CiU respecto a estas enmiendas volvió a ser hoy motivo de controversia hasta el último momento de ls votaciones.

Ocurrió algo similar que en el debate de comisión, cuando los nacionalistas catalanes mantuvieron la incertidumbre hasta el final, anunciándose primero su apoyo a la enmienda del PNV y al final votando abstención al texto de Izquierda Unida, dando una cierta imagen de flexibilización respecto a sus posiciones en el Congreso en el asunto de la retroactividad.

Hoy, su portavoz, Joan Rigol, anunció que su grupo se decantaría de nuevo por la abstención a la enmienda de IU y el rechazo ala del PNV. Pero llegaron las votaciones y, sorpresivamente, CiU votó en contra de la enmienda de Izquierda Unida.

Tuvo que ser el ponente del PP, Juan Moya, cuando ya había finalizado la sesión, quien se apresurara a comunicar a los periodistas que los senadores de CiU habían equivocado su voto, porque su pretensión era repetir la abstención del debate de comisión, como así se lo habían garantizado al término del pleno.

El portavoz de CiU en el Senado, Joaquim Ferrer, lo confirmó posteriormente,casi al mismo tiempo que otro senador de su grupo era abordado por los periodistas y contradecía a su portavoz diciendo que él era consciente de haber votado en contra de la enmienda de IU y así lo habían pretendido todos sus compañeros de grupo.

Pese a todo, el senador Joan Rigol dijo durante el debate que su grupo estaba satisfecho de que la ley no haya pasado sin pena ni gloria por el Senado, sino que se han introducido "ciertas mejoras", en referencia a la moratoria de un año que se abre a los clues.

Ello no fue óbice para que volviera a decir que la ley crea "confusión" y tiene carácter retroactivo sobre los contratos en vigor.

CONFLICTOS

Un ejemplo de las posiciones contradictorias que han mantenido algunos grupos fue la valoración de la ley que hizo el representante del PNV, uno de los grupos que han apoyado desde el principio al Gobierno en esta norma. Xabier Albistur aseguró que la ley "nos deja a todos preocupados" y su aplicación traerá "bastantes conflictos".

El portavoz de PP, Juan Moya, destacó al término del debate la posición de CiU. Se felicitó de que los nacionalistas catalanes hayan "comprendido" en el trámite de la ley en el Senado el objetivo de esta iniciativa del Gobierno, "teniendo a bien cambiar en cierta parte su posición política".

Por su parte, el PSOE defendió de nuevo sin éxito su propuesta de veto para la retirada de la totalidad del proyecto, y reiteró que su grupo piensa presentar un recurso de inconstitucionalidad si finalmente el Congreso ratificala ley tal y como ha salido del Senado.

Acusó al Gobierno de "abuso de poder" al promover una ley que claramente defiende, según los socialistas, a la plataforma de televisión Vía Digital, que lidera Telefónica, en contra de los intereses de Canal Satélite. "Quieren abrir los contratos para beneficiar a una plataforma que les resulta más dócil", dijo.