En dclaraciones a Servimedia, Alvarez Cascos defendió la legitimidad del Parlamento para legislar sobre contratos en vigor, comparando esta situación a la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El "número dos" del Gobierno considera "muy inconcretas" las enmiendas de IU y añadió que "en su redacción actual no permiten resolver el problema de una manera clara".

Explicó que no se trata de establecer un período transitorio de un año para los contratos de derechos televisivos en vigor, sino de"establecer un sistema concreto de convalidación de los contratos".

"Y si hay contratos", añadió, "contrarios a la defensa de la competencia, no pueden ser convalidados por una ley ni un día, ni un mes, ni un año, ni cinco años. Ese es el problema".

El Gobierno, explicó, ha ofrecido una "fórmula transitoria" de sometimiento a la autorización del Tribunal de Defensa de la Competencia "para poder garantizar que sólo los contratos que cuenten con esa autorización puedan ser autorizados desde el primr momento". La iniciativa consiste en que los contratos se ajusten a los principios que regula la Ley de Defensa de la Competencia.

NEGOCIACION "HASTA EL ULTIMO MINUTO"

"Lo contrario", añadió en referencia a la propuesta de IU, "serviría para blindar contratos que pudieran estar afectados por la normativa de defensa de la competencia".

Alvarez Cascos dijo que la "ley del fútbol" nació "abierta" a la negociación con los grupos políticos y la negociación seguirá abierta "hasta el último minuto". El último minuto es la votación del jueves en el Congreso, posteriormente el trámite en el Senado y finalmente la vuelta al Congreso".

El vicepresidente primero del Gobiermo sostiene que la ley "no es retroactiva" como asegura Audiovisual Sport, propietaria de los derechos de emisión del fútbol televisado.

"Para que una ley sea retroactiva tiene que estar expresamente establecido en el propio texto de la ley, cosa que no ocurre. Lo que pasa es que, en nombre de la retroactividad, algunos grupos etán pretendiendo que esta ley no entre en vigor hasta dentro de unos años, que es una cosa completamente distinta", explicó.

El "número dos del Gobierno" defiende que una ley pueda afectar a contratos en vigor porque, si no, las Cortes no habrían podido modificar, por ejemplo, la Ley de Arrendamiento Urbanos para elevar los alquileres de viviendas de renta antigua.

Las Cortes, recordó, también han legislado sobre cambios en las condiciones de las hipotecas "y nadie ha invocado el argumento de la etroactividad porque esa interpretación maniataría a los Parlamentos".

"Nosotros estamos defendiendo una buena ley que garantice tres principios: libertad de información, el interés general tal y como lo defienden las instituciones europeas, y la libertad de empresa como lo reconoce el ordenamiento jurídico español y europeo. En este sentido, no estamos de acuerdo en esos aplazamientos que, de manera encubierta, se pretenden para la entrada en vigor de la ley", advirtió.