El PP empleó su mayoría absoluta para que no prosperaran las peticiones de retirada del proyecto que plantearon siete formaciones: PSOE, Entesa, CiU, PNV, IU, BNG y EA. De nuevo, la intromisión en las competencias autónomicas y la fala de financiación fueron los aspectos más criticados de la reforma.

El socialista Manuel Fernández Zanca dijo que el proyecto incurre en "graves deficiencias", entre las que citó la red nacional de centros de referencia, que, a su juicio, supone una invasión en los ámbitos de gestión de las comunidades.

También lamentó que el Gobierno no tenga previsto "ni un euro" para la ejecución de la ley y que "vuelva el dedazo" en el nombramiento por la Administración de los directores de los centros integrdos.

Para Josep Varela, de CiU, el texto del Ejecutivo representa "un cheque en blanco" para la actuación del Gobierno en detrimento de las autonomías.

Por el PNV, Jokin Bildarratz afirmó que la ley "no mira más allá de los Pirineos", y Joan Sabaté, de Entesa, comentó que la reforma supone una "involución" en materia de Formación Profesional en comparación con lo reglamentado en la LOGSE.

En defensa de la ley, Belén María Do Campo, dijo que la reforma permitirá a las comunidades diseñar mejo su oferta de este tipo de enseñanzas y facilitará la movilidad de trabajadores y estudiantes por la Unión Europea.

Además, señaló que quedarán fijadas de modo claro las competencias de las Administraciones y los agentes sociales. Según Do Campo, la ley dispondrá del dinero preciso para su puesta en funcionamiento, en contra de lo que sostiene la oposición.