El ministro de Economía y vicepresidente primero del Gobierno, Rodrigo Rato, expuso los principales objetivos de este proyecto, que pasan por fortalecer los sistemas de supervisión y control; proteger a los inversores y mejorar las condiciones de financiación de las pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, subrayó que el proyecto del Gobierno prevé "un sistema adiciona" de protección a los inversores con la creación de nuevos órganos administrativos que, sin sustituir a los ya existentes, pretenden aumentar la confianza de los ciudadanos en el sistema financiero.

EL vicepresidente segundo del Gobierno citó los comisionados de defensa de los clientes, que se encargarán de resolver consultas y acoger quejas de los ciudadanos mediante la ventanilla única, a fin de evitar la duplicación de costes y ahorrar a los usuarios el esfuerzo de averiguar a qué órgano deben diriirse.

Además, indicó que, gracias a esta reforma, se insta a las entidades financieras a contar con servicios de atención al cliente y nombrar, individualmente o en colaboración con otras, un defensor del ahorrador independiente, cuyas decisiones serán vinculantes cuando favorezcan a los ciudadanos.

Por otro lado, recalcó que el texto del Ejecutivo contribuye a una mayor transparencia pare evitar prácticas como el uso de información privilegiada, la ocultación de información o la aportación de daos engañosos, actitudes que reducen la confianza de los ciudadanos.

También recalcó que se dota a las pymes de mayores posibilidades de financiación y se adapta el régimen jurídico a un mercado caracterizado por el uso de las nuevas tecnologías y por el avance hacia la integración de los mercados comunitarios.

PROYECTO ENGAÑOSO

La diputada socialista María Teresa Costa explicó que el PSOE esperaba con "expectación e interés" esta reforma del sistema financiero, pero el texto del Gobierno hace "nevitable" la enmienda a la totalidad, porque está "mal hecho", es "engañoso", al hacer creer que introduce mejoras en la financiación de las pymes y la defensa de los clientes; y propagandístico, pues sus "títulos son auténticos eslóganes" que no se corresponden con el contenido.

Costa subrayó que establece, además, un modelo "claramente intervencionista, en detrimento de los órganos reguladores", y que favorece los intereses de "algunos grupos".

"Hasta en el Consejo de Estado han saltado las seales de alarma", agregó, pues en su informe ha alertado contra las prerrogativas otorgadas al Ministerio de Economía, que pueden ser inconstitucionales.

Asimismo, criticó que una cuestión tan importante como la reforma de las Cajas de Ahorros se pretenda abordar en con enmiendas, en lugar de haberlo incorporado al texto del proyecto, por lo que concluyó que el Ejecutivo debe retirar del Parlamento este proyecto, y confió en que esté "rematadamente mal" elaborado por "incompetencia" y no por "mala fé". Por su parte, la diputada de IU Marisa Castro recalcó la necesidad de solucionar deficiencias de funcionamiento del sistema financiero, cuya "fragilidad y vulnerabilidad" ha quedado patente con casos como el de Gescartera y el del BBV.

En este sentido, dijo que "valoramos en muchos aspectos" el proyecto en lo que se refiere a las medidas para evitar este tipo de actuaciones.

No obstante, subrayó que una reforma de tal relevancia y que afecta a tantas leyes debe ser objeto de "tramitación espcífica en proyectos diferenciados", pues su trascendencia política, económica y ética hace necesario enriquecerla con las aporaciones de la oposición. Recordó además la disconformidad mostrada por los consumidores y usuarios por considerar que "está elaborado más a la medida del sector bancario y en contra de sus propios intereres".

En nombre del Grupo Mixto, José Núñez argumentó que esta "ley omnibus" es "una especie de cajón de sastre donde hay demasiadas cosas mezcladas", y "meterlas en el mismo sao" impide un debate "razonable" e introduce "confusión".

Criticó también que esta reforma se aborde en "pleno boom de los escándalos financieros", en lugar de hacerlo tras una reflexión que permita un "diagnóstico más claro".

El portavoz de Economía del PNV, Pedro Azpiazu, indicó que apoyará las enmiendas a la totalidad, aunque su grupo no ha presentado la suya propia porque "estamos de acuerdo con parte sustancial del proyecto, que significa un avance", y se puede corregir a través de enmiendas arciales, en las que incluirá mecanismos de participación autonómica.

REFORMA NECESARIA

El PP, CiU y Coalición Canaria votaron en contra de estas enmiendas a la totalidad. En representación del Grupo Popular, José Manuel Albendea, recalcó que se ha elaborado una ley "omnibus" porque es necesario un "tratamiento global" de la reforma del sistema financiero.

Inistió en que abordar esta reforma a través de varias leyes no habria logrado "esa interconexión, ese engarce, esa textura necesaria cuandoestamos hablando de regular actividades conexas entre sí", y recalcó que lo que el PSOE llama "eslóganes" propagandísticos es precisamente lo que alaba el Consejo de Estado, porque permite organizar y dar coherencia al texto.

El diputado de CiU Josep Sánchez i Llibre expresó la oposición de su grupo a las enmiendas a la totalidad y apoyó la toma en consideración de un proyecto que supone un "incremento de la seguridad jurídica a los accionistas, inversores y ahorradores", e instrumenta mecanismos paraque las pymes tengan más canales de financiación.

No obstante, anunció una serie de enmiendas para complementar y mejorar el proyecto, para reforzar los aspectos relacionados con la información privilegiada y permitir que los organismos de supervisión de las comunidades autónomas puedan tener más acceso a la información. Además opinó que la regulación de las Cajas de Ahorros deben seguir el ejemplo de la normativa catalana.

Luis Mardones, de Coalición Canaria, rechazó también las enmiendas a la ttalidad porque considera necesario que la Cámara legisle cuanto antes sobre este asunto.