El PSOE y la Junta andaluza entienden que la nueva normativa invade competencias de las comunidades autónomas, abre la puerta a la privatización de las Cajas de Ahorros, favorece especialmente a las cajas propiedad de la Iglesia y discrimina por razón de edad.

Con la nueva ley, la cajas fundadas por la Iglesia pueden acogerse a la tutela de las comunidades autónomas o a la del Ministerio de Economía, lo que ha sido aprovechado por la andaluza CajaSur, presididapor el sacerdote Miguel Castillejo, para escapar del control del Gobierno socialista de Manuel Chaves, generando una gran polémica.

El recurso del PSOE critica que la Ley Financiera otorgue especiales privilegios a las Cajas dominadas por la Iglesia, teme que la nueva legislación abra la puerta a la privatización de las cajas a través de cuotas participativas y al limitar a un 50% la representación de entidades públicas en los órganos de gobierno, decisión esta última que los socialistas consideran qu se debe dejar en manos de los parlamentos autonómicos.

El PSOE también objeta que la nueva ley fije un límite de 70 años de edad para los nuevos consejeros, a pesar de que permite a las comunidades modificar ese tope. Este precepto ha conllevado la salida de Josep Vilarasau de la presidencia de "La Caixa".

El recurso socialista impugnó asimismo la limitación de mandatos a los consejeros, que no podrán ocupar su cargo más de 12 años. El texto argumenta que el Constitucional ha rechazado otras vecs limitar las reelecciones.

CAJASUR

Por su parte, la Junta de Andalucía consideró que la Ley Financiera invadió competencias autonómicas en materia de Cajas de Ahorros.

Andalucía también recurrió la reducción de la representación pública en los órganos de gobierno de las cajas al 50%, la no obligatoriedad de la autorización de la administración autonómica para acuerdos de colaboración entre entidades de distintas comunidades, o el régimen especial para las cajas fundadas por la Iglesia, como CaaSur.

Las discrepancias entre Gobierno y oposición sobre la Ley Financiera, que finalmente se aprobó en noviembre de 2002 con el apoyo de CiU, se mantuvieron durante todo el año pasado y concluyeron con la presentación de los recursos del PSOE y del Ejecutivo de Manuel Chaves.

El Constitucional considera ahora, al admitir los recursos a trámite, que hay materia para investigar la posible inconstitucionalidad de la ley en lo que se refiere al artículo 8, apartados 15 y 17 (recurso del PSOE) y el atículo 8, apartados 2, 3, 5, 10, 15 y 17, y disposición final primera (recurso de la Junta andaluza), dado que vulneran a su juicio principios recogidos en la Constitución Española.