En declaraciones a Servimedia, Suárez admitió que el texto de la norma ha mejorado en su trámite parlamentario con respecto al que envió el Gobierno a las Cortes, en el que había "mecanismos de impunidad".

La responsable de AI puntualizó, no obstante, que la ley finalmente aprobada deja en una "ambigua incertidumbre" a los afectados que intentan que se anulen jurídicamente las sentencias que dictaron los tribunales franquistas. Estas anulaciones dependerán de la interpretación del juez y de cómo éste aplique la ley, agregó Suárez.

En la Ley de Memoria Histórica "hay muy poco derecho a la verdad", la condena al franquismo es "tibia", y no se incluye la creación de una comisión de investigación sobre los abusos de la dictadura, agregó la responsable de AI.

Además, según Suárez, la ley deja sin "saldar" otra deuda pendiente porque "no hace mención alguna a los crímenes contra los derechos humanos que se cometieron durante el franquismo, como torturas o desapariciones".

Con esta ley, el Estado "privatiza la verdad" porque descarga en las familias, las víctimas o las asociaciones la búsqueda de lo ocurrido, incluso les encarga exhumar los restos de sus deudos y descubrir las fosas comunes. Es "obvio", a juicio de Amnistía, que eso debería ser responsabilidad del Estado porque, según el Derecho Internacional, se trata de delitos contra los derechos humanos.

Tras subrayar que AI va a estar "muy atenta" al desarrollo de la norma, Suárez animó al Gobierno a adoptar nuevas iniciativas que cubran los huecos y los defectos que quedan en la Ley de Memoria Histórica.