Así lo defendió la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que aseveró que el texto “responde claramente al ADN del Gobierno de progreso” y que la norma “nace del cumplimiento" de su programa para “garantizar la equidad, la cohesión y la universalidad del Sistema Nacional de Salud, pero, especialmente, para ampliar derechos y devolvérselos a la ciudadanía tras gobiernos anteriores que los habían suprimido”.

Tras puntualizar que la nueva ley “parte de la idea de la importancia del valor de lo público”, Darias justificó la “importancia de seguir fortaleciéndolo y, sobre todo, de consolidar los que son los vectores clave del Sistema Nacional de Salud”, con el fin de “seguir mejorando la vida de la gente y protegiendo a los vulnerables”.

En cuanto a “objetivos específicos” de este anteproyecto, aseguró que se trata de “blindar” la sanidad pública “identificando como modelo de gestión en el Sistema Nacional de Salud la gestión directa”. “Adicionalmente”, la ley establece las “excepciones” que permiten la gestión indirecta “bajo una visión complementaria y de apoyo, nunca sustitutoria y siempre motivada objetivamente y sólo cuando no sea posible la gestión directa”.

“En consecuencia, para poder gestionar de forma indirecta conforme al articulado de esta ley, las instituciones públicas deberán cumplir una serie de requisitos y motivarlos", dijo, en referencia a criterios tales como la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios, la insuficiencia de medios propios para poder llevar a cabo la respuesta de los determinados servicios que lo precisen, y, "en su caso, cuando esto sea así, la necesidad de tener que recurrir a fórmulas de gestión indirecta porque a través de la directa no lo pudieran satisfacer".

Además, será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el que “determine las pautas o los indicadores comunes a través de los cuales se va a entender cumplido los criterios señalados” y la disposición final última contempla la posibilidad de una modificación legislativa normativa en el ámbito estatal para facilitar a aquellas administraciones públicas que quieran llevar a cabo la “reversión de procesos de gestión indirecta hacerlo en las mejores condiciones posibles”.

ELIMINACIÓN DE COPAGOS

En paralelo, la ministra recordó que esta ley “avanza en equidad y, sobre todo, viene a establecer la eliminación de los copagos sanitarios” respecto a los productos ortoprotésicos y subrayó que, para “avanzar en equidad”, el Ejecutivo de Pedro Sánchez “ha ido eliminando progresivamente los copagos farmacéuticos que impusieron gobiernos del Partido Popular”. “Además, lo ha hecho a los colectivos más vulnerables, tales como las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital, los pensionistas con rentas más bajas, las personas menores con discapacidad reconocida y las personas de rentas bajas por hijo a cargo”, abundó, para recalcar que esto “viene beneficiando a unos seis millones de personas”.

“Ahora, con este anteproyecto de Ley de Equidad, también extendemos esta exención de copagos a los mismos colectivos, pero respecto a copagos ortoprotésicos”, insistió, para advertir de que serán “en torno a este cantidad los que también se van a beneficiar de no tener que pagar las prestaciones orto protésicas”.

En paralelo, aseguró que la ley “amplía derechos” a la asistencia sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas por su hijo titular del derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud “siempre y cuando no exista un tercero obligado al pago” así como a los españoles de origen que residan en el exterior durante sus desplazamientos a España y a sus familiares.

Además, la ley recoge el reconocimiento al derecho a la asistencia sanitaria a las personas solicitantes de protección internacional, a las personas solicitantes y beneficiarias de protección temporal y también a las víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual al tiempo que “garantiza la homogeneidad en la efectividad” del derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria a las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.

“Con este anteproyecto de ley queda claro cómo se va a prestar y con qué requisitos y determinaciones”, señaló, para precisar que se elimina el informe social y se establece que la asistencia “se prestará con cargo a los fondos públicos desde el momento de la presentación de la solicitud”.

Darias incidió, asimismo, en que la ley “avanza en materia de rehabilitación” para “garantizar una interpretación homogénea” y entendiendo que se ha de aplicar tanto en el ámbito sanitario como sociosanitario a aquellas personas “con déficit funcional” con el objetivo de “facilitar, mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia posible al paciente”.

Junto a ello, adelantó que la norma establece la evaluación del impacto en salud en las iniciativas legislativas del Gobierno y, “especialmente y concretamente en las normas de carácter sectorial y aquellas que tengan que ver con los determinantes de salud”. “Esta evaluación preceptiva va a ser determinante en la implantación efectiva y sistemática de la salud en todas las políticas, buscando, por tanto, sinergias y favoreciendo siempre la salud de la población y la equidad sanitaria”, sentenció, para agregar que el anteproyecto de ley también “avanza en la gobernanza del Sistema Nacional de Salud y, especialmente, en la cultura de la evaluación de las políticas públicas”.

PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE

Por lo que respecta a la participación de los pacientes en órganos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, señaló que el Foro Abierto de Salud “adquiere naturaleza permanente”, recordando que formarán parte del mismo asociaciones de pacientes, personas con discapacidad y colegios profesionales “para dar voz a los pacientes y también a los colectivos que en ellos se establecen”.

Asimismo, en la ley se incorpora algo que juzgó “fundamental”, como es el tratamiento de acceso a datos sanitarios en ámbitos como la planificación o la gestión, la asistencia sanitaria y también la vigilancia en salud pública “en aquellos aspectos no regulados por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales” y establece la creación de un consorcio de red de agencias españolas, ya están existentes a nivel autonómico, al que se “dota de personalidad jurídica, especialmente frente a terceros”.

“Se trata de medidas que avanzan, que garantizan la equidad, la universalidad y la cohesión y se trata de una iniciativa legislativa que responde claramente al ADN de este programa de gobierno de progreso, que significa ir avanzando para mejorar la vida de las personas”, resolvió Darias.