La ley, que se guiará por el principio de "quien contamina, paga", se aplicará a todo tipo de residuos, con excepción de las emisiones a la atmósfera, los residuos radiactivos y los vertidos a las aguas, que cuentan con una legislación específica.

En cuanto a las competencias autonómicas y locales, la norma respeta el reparto constitucional entre el Estado ylas comunidades autónomas, al tiempo que garantiza las competencias que han venido ejerciendo las entidades locales en materia de residuos sólidos urbanos.

Según la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, esta normativa significaráun importante cambio de mentalidad en los ciudadanos y las empresas que pasarán de la filosofía del "usar y tirar" a la de "usar y reciclar".

Se mostró satisfecha por la próxima entrada en vigor de la normativa sobre residuos que cubre una "importante carencia" en a que España llevaba un retraso de varios años.

MULTAS DE 200 MILLONES

La ley prohíbe el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio nacional, así como toda mezcla o disolución de residuos que dificulte su posible valorización.

Se regula, además, la responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de la ley, tipificándose tanto las conductas que constituyen infracción como las sanciones, que pueden llegar hasta un máximo de 200 millones de pesetas. No obstante la cuantía económica de las tasas y sanciones aún no ha sido fijada, puesto que la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, no ha sido redactada definitivamente, según la ministra, que aseguró que su departamento no ha comtemplado una reducción de las multas que se establecían en los primeros borradores.

La ley, que atribuye de forma genérica a las entidades locales la recogida, el transporte y la eliminación de residuos urbanos, presenta como una de sus principals novedades el establecimiento de una regulación específica para los suelos contaminados.

Los causantes de la contaminación y, subsidiariamente, los poseedores de los suelos calificados como contaminados estarán obligados a realizar las operaciones de limpieza y recuperación.

Isabel Tocino anunción también que tras la aprobación del sistema de pago aplazado por el Gobierno, su departamento licitará un total de 140.000 millones de pesetas antes de final de año para abordar proyectos relacionados cn la agua. Ninguno de estos proyectos tendrán un plazo de ejecución superios a los dos años.