CEOE ha solicitado al Gobierno reiteradamente la modificación de la Ley de Contratos del Estado, al considerar que puede ser inconstitucional, ya que no respeta la presunción de inocencia, según informaron a Servimedia fuentes de la patronal.

El problemase ha producido por el artículo 20 de la ley, que impide a la Administración contratar durante cinco con personas físicas o jurídicas que hayan sido "condenadas mediante sentencia firme" o que estén "procesadas o acusadas" por diversos delitos, como coheco o tráfico de influencias.

Hasta ahora, la interpretación del Ministerio de Obras Públicas era que la Administración podría contratar con empresas cuyos directivos estuvieran encausados siempre y cuando estos hubieran dimitido en espera de una sentenia firme.

Pero el informe jurídico del Ministerio de Justicia ha venido a tirar por tierra esta versión, y afirma que cesar a los administradores de una empresa incursa en los supuestos del artículo 20 "no tiene eficacia absolutoria".

Fuentes de la CEOE indicaron que este artículo es "lesivo" para los intereses del sector y a su juicio viola la presunción de inocencia. Aunque la patronal espera a contar con el dictamen para una valoración más completa, recuerda que con la interpretación de Justica dos empresas constructoras, Huarte y Cubiertas, no tendrían contratos públicos durante cinco años, ya que dos de sus directivos están procesados y dimitidos.

SENTENCIA FIRME

El criterio de la patronal es que debe existir una "sentencia firme" para inhabilitar a una sociedad y no debe existir la retroactividad en la aplicación de la Ley.

Fuentes de la patronal indicaron que la interpretación "flexible" que está realizando el MOPTMA (Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente) pra la contratación con las constructoras no resuelve el problema de fondo, que es que la inhabilitación se aplique cuando haya una sentencia en firme.

CEOE intentó la modificación del artículo 20 en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos y su presidente, José María Cuevas, trasmitió esta pretensión al ministro de Economía, Pedro Solbes, cuando se reunió con él a mediados de septiembre para hablar de los cuentas del Estado para 1996.

Los constructores, integrados en la CNC, van más allá y pien que se separe la responsabilidad del directivo implicado en una actuación irregular del funcionamiento de la propia empresa, de forma que no se inhabilite a una sociedad por la forma de actuar de una sola persona. A su juicio, los accionistas de una empresa no deben sufrir las consecuencias por los posibles delitos de un solo gestor.