A su juicio, el artículo 20 de dicha ley representa un "exceso evidente, que yo creo que sería bueno que las propias Cortes lo pudieran modificar".

Dicho artículo, fija la prohibición expresa de contratar con la Administración a empresas cuyos ejecutivos puedan estar procesados por supuestos delitos de falsedad, cohecho, malversación, tráfico de influencias, tráfico de información privilegiada o delitos contra la Hacienda Pública.

El responsable de Jusicia e Interior mostró especial preocupación por al caracter retroactivo de la ley, y dijo que "tal y como está, se puede aplicar a hechos anteriores a la propia ley. Eso, desde mi punto de vista, si hubiera oportunidad en el trámite parlamentario para rectificarlo, sería procedente hacerlo".

Belloch justificó esta postura en que las medidas retroactivas, aunque son posibles, en su opinión "no es nunca lo más sensato", ya que "una norma anticorrupción se hace con la pretensión de decirle a los ciudadaos: señores, a partir de esta situación, sepan ustedes que las consecuencias de sus actos colectivos o individuales pueden ser, nada menos, que se quede su empresa sin realizar contratos con la Administración".

Belloch señaló que, durante el trámite parlamentario de la Ley de Contratos, se produjo una 'carrera' anticorrupción, animada por los casos que salieron a la luz en esos momentos, pero precisó que esta medida es consecuencia de una enmienda del Partido Popular, ya que no estaba en el proyecto oiginal del Gobierno.

En cualquier caso, dijo, debería quedar claro que este veto sólo es aplicable a hechos ulteriores a la entrada en vigor de la ley, por entender que es lo más "equitativo y lo más razonable", y señaló que su posición y la de su Ministerio ante cualquier inicitiva en este sentido sería "claramente favorable".

La entrada en vigor de la Ley es la que motivó la dimisión de altos ejecutivos de las empresas constructoras Huarte (Mario Caprile y Alfonso Aguilar) y Cubiertas y MZOV (ls hermanos Antonio y manuel Messa Buxareu), por su supuesta implicación en el 'caso Roldán'.

Además, la existencia de la ley pesa sobre las contrataciones de otros grandes grupos financieros y empresariales del país, por la supuesta implicación de altos ejecutivos de Catalana de Gas (hoy Gas Natural), Focsa (hoy FCC), BBV, Banco Central (hoy Central Hispano), Cepsa, ABB Energía, Enasa, Pryca, Abengoa y Elsan.