Méndez, que intervino en la Comisión de Justicia de la Cámara baja, afirmó que el proyecto "supone un recorte muy drástico de los derechos y garantías de los trabajadores en las empresas a concurso" en beneficio de los demás acreedores, "especialmente los bancos".

La ey Concursal privaría a los trabajadores de los juzgados de lo social para impugnar los despidos colectivos y éstos tendrían que acudir al juez mercantil.

"Hay toda una primacía de lo mercantil respecto de lo laboral, lo que presupone toda una concepción ideológica subyacente, contraria a los principios rectores del Estado Social (Artículo Primero de la Constitución Española)", denunció Méndez.